La Asociación Nacional de Periodistas del Perú condena la retención del equipo periodístico de Televisa en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Los periodistas viajaron a Venezuela con el objeto de dar cobertura noticiosa a la movilización ciudadana programada para el miércoles 26 de octubre, pero al no poder ingresar al país, 48 horas después regresaron a Lima.

Se trata de los periodistas peruanos, Ricardo Burgos, Leonidas Chávez, Armando Muñoz, Ricardo Venegas y el argentino Rodrigo Abd quienes permanecieron 48 horas en la sala de Espera del aeropuerto bajo el argumento de que no contaban con visa de trabajo que les permitiese hacer cobertura informativa a la crisis política que se vive en Venezuela.

"Esta actitud errática de las autoridades venezolanas violenta el derecho a la información y el trabajo periodístico. Negar el acceso al país a la prensa es propio de regímenes no democráticos".

Para la ANP, este hecho se suma a los ataques, hostilización y amenazas que vienen recibiendo los periodistas venezolanos, objeto de violación de sus libertades individuales y derechos fundamentales a consecuencia de su labor, que afecta gravemente la nefasta situación del país. Recuerda al gobierno venezolano que las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, los "blackout" informativos y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

Ésta, además, no es la primera vez que se impide el ingreso de periodistas a territorio venezolano. El pasado 31 de agosto, la periodista Marie Eve Deltoeul, de Le Monde de Francia, Jim Wyss, del Miami Herald (EEUU), Jhon Otis, de NPR Radio (EEUU), César Moreno de la Cadena Caracol (Colombia) y tres corresponsales de la cadena televisiva Al Jazeera, fueron deportados al considerarse personas "no admisibles" al país.

En razón a ello, la ANP hace un llamado inmediato al gobierno a garantizar el trabajo de los periodistas, nacionales y extranjeros y demanda permitir el ingreso de los periodistas sin la inaudita exigencia de abusiva reglamentación y control. Para la ANP, presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión y no hacen más que evidenciar que el gobierno venezolano mantiene hoy en día una abierta política contra la libertad de prensa.