Periodistas, ONG’s y ciudadanos de todo el mundo rechazan agresiones a la prensa en Venezuela
Durante la cobertura de varias protestas registradas en el centro de Caracas este jueves 2 de junio, al menos 14 trabajadores de la prensa entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron amenazados, robados y en otros casos golpeados por grupos civiles armados, ante la pasividad y en otros casos acción cómplice de los cuerpos de seguridad.Ante esta si tuación, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP), con el respaldo del gremio, ONG's y ciudadanos a nivel internacional, rechazan de forma categórica la criminalización a la que 
está sometida la prensa venezolana al ser hostigada, amenazada e intimidada de manera reiterada por grupos armados mientras realizan coberturas de calle. "Esta serie de hechos se inscribe dentro de un patrón estatal que, encarnado en funcionarios policiales militares, y autoridades públicas, insulta, amenaza y agrede a periodistas y ciudadanos que registran información en su legítimo derecho a la libertad de expresión, al trabajo y a la seguridad personal" señala el CNP.
Solo entre enero y mayo de 2016, Espacio Público 
registró 40 casos de intimidación, entre impedimento de cobertura, confiscación de equipos y material, detenciones arbitrarias y 19 casos de agresiones contra trabajadores de la prensa. Situación que es alentada por un discurso hostil desde el alto gobierno, y por la impunidad asociada a la falta de investigación de los hechos violentos denunciados.
Ante las obligaciones ineludibles del Estado en garantizar los derechos y la libertades de todos los venezolanos, sin excepción, el gremio exige:
1) Que el Ministerio Público venezo
lano adelante las investigaciones correspondientes de los hechos ocurridos y sanciones a los responsables, sean funcionarios públicos o civiles, en el marco de las garantías constitucionales. Estas investigaciones deben conducir a establecer las responsabilidades de manera conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
2) Que en el marco de sus obligaciones el Estado en sus distintas instancias garantice la búsqueda y registro de información tanto de 
periodistas como de infociudadanos a fin de respetar y preservar el derecho humano a la libertad de expresión de todos los venezolanos.
