La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución número 43/15 dictada el pasado 9 de noviembre, y de acuerdo al artículo 25 de su Reglamento, pide al gobierno venezolano que "adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de Miguel Henrique Otero, Alberto Federico Ravell, Isabel Cristina Ravell y Teodoro Petkoff, sin ser objeto de actos de estigmatización y hostigamiento en el desempeño de sus actividades periodísticas". Considera que el asunto reúne prima facie (en principio) los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en dicho artículo y exhorta al gobierno venezolano a presentar resolución sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas en el plazo máximo de 10 días, contados a partir del dictamen.

La CIDH exige al estado venezolano que cesen los ataques, agresiones y amenazas y la persecución por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

La medida surge tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por Miguel Henrique Otero el pasado 20 de mayo solicitando que la Comisión requiriera "a la República Bolivariana de Venezuela medidas cautelares para evitar daños irreparables a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la integridad personal y a la libertad personal consagrados en los artículos IV y I respectivamente de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre".

El día 28 de mayo hicieron lo propio Alberto Federico Ravell e Isabel Cristina Ravell, así como Teodoro Petkoff, quienes solicitaron medidas cautelares en similares términos. Entre otras, los afectados pedían que "el estado venezolano cese los ataques, agresiones y amenazas y la persecución por ejercer su derecho a la libertad de expresión, que adopte las medidas necesarias para evitar daños irreparables dejando sin efecto los procesos penales que se siguen en su contra por el ejercicio de su labor periodística, y que suspenda cualquier medida de prohibición de salida del país y régimen de presentación judicial". En el mismo oficio, los afectados pedían que el Estado venezolano suspendiese las expresiones de agresión, ataque y estigmatización en contra por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello y demás funcionarios y autoridades públicas.

Aquí el texto completo de la Resolución: Cidh-Resolucion-43-2015