Hace casi un mes Venezuela se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), órgano encargado de monitorear y examinar la implementación y cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el marco de la 114° Sesión del Comité de Derechos Humanos.

Y aun cuando ya comentamos algunas de las incidencias en ese importante proceso, quiero volver sobre un tema que no ha tenido ninguna consecuencia. Me refiero al tema de la impunidad.

Al presentar su informe sobre los avances del país en materia de derechos civiles y políticos, la jefa de la misión del Estado, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, afirmó que, “En Venezuela el derecho a la vida es inviolable, es sagrado. La Carta Magna prohíbe la pena de muerte y es obligación del Estado proteger la vida en cualquier circunstancia”. Afirmando que la seguridad ciudadana es un tema prioritario para lograr la protección de las personas frente a situaciones que constituyen amenazas, vulnerabilidad o riesgo para su vida e integridad física.

Sin embargo, las cifras de la organización COFAVIC, son aterradoras. En 2014 se contabilizaron 1.018 ejecuciones extrajudiciales, lo que revela que este tipo de violación a los derechos humanos está en franco aumento.

En el tema de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en el contexto de protestas estudiantiles de febrero a junio de 2014, COFAVIC indicó que el Ministerio Público había informado que de las 238 investigaciones iniciadas, en el 85% de los casos no se continuó con el proceso.

Por otra parte, según el Observatorio Venezolano de Violencia, en el año 2014 fueron asesinados 24.980 personas, es decir, 82 muertes por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en el año 2014 se documentó el ingreso de 8.049 casos de violación de derechos humanos y el 99% de los casos no llegó a juicio.

Por su parte la ONG Espacio Público indicó que el 2014 es el año con más violaciones a la libertad de expresión en los últimos 20 años, documentándose 579 violaciones a ese derecho, de las cuales 91 fueron agresiones a periodistas, fotorreporteros, trabajadores de medios e infociudadanos. En ese año 45 periodistas y 34 reporteros gráficos fueron agredidos, a esa lista se le suman 9 trabajadores de medios. Ninguno de estos casos ha tenido respuesta legal, a pesar de las denuncias ante la fiscalía y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas –CICPC-. Es decir, estos casos forman parte del 99% de casos que no llegaron a juicio, que han quedado impune.

Estas cifras que en cualquier país medianamente serio, hubiesen ocasionado como mínimo la renuncia de la Fiscal General de la República y del director del CICPC, y una interpelación ante la Asamblea Nacional, de estos funcionarios y del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en Venezuela ni siquiera hicieron pestañear a quienes hoy dirigen el país.

Lo que sí ha pasado es que han continuado las agresiones a los periodistas, dos casos en junio y de mucha gravedad ocurrieron en el estado Aragua. El reportero gráfico Alejandro Ledo, fue lanzado desde lo alto de la platabanda de la sede de una alcaldía, sufriendo fracturas y otras lesiones. También fue empujada la periodista Elena Santini, sufriendo fractura en un pie,  y el periodista  Pedro Torres, resultó con  contusiones en el rostro, a causa de la golpiza propinada. Los instrumentos de trabajo del reportero gráfico fueron dañados.

Y en menos de quince días, la periodista Beatriz Lara y el camarógrafo Alfredo Paradas se convirtieron en víctimas de funcionarios del Cicpc de la subdelegación Villa de Cura. Ambos trabajadores del diario El Aragüeño cumplían labores propias de su profesión cuando fueron sometidos por los funcionarios, amarrados a un poste, recibiendo golpes  e insultos procaces. La periodista posteriormente fue obligada a desvestirse en una oficina, acusada de ocultar un arma de fuego. Los efectivos policiales amenazaron con procesar judicialmente a Lara y Paradas, pero al final no procedieron.

Ha pasado más de un mes de estos acontecimientos y hasta la fecha no se tienen noticias de si a los culpables de estas agresiones les han seguido algún procedimiento legal.

La impunidad es el mecanismo más expedito para fomentar la criminalidad y las agresiones. La impunidad enferma a la sociedad.

@silviaalegrett