"Allí donde falta la comunicación, anida la intolerancia" Anónimo.

“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad no puede ser sino mala”. Albert Camus, escritor francés 1960.

El mayor de los sueños de los regímenes con vocación totalitaria es poder ejercer la Hegemonía Comunicacional, sinónimo de supremacía, que expresa una visión imperial de la vida y la política. El régimen venezolano no ha ocultado esta pretensión que ha expresado de manera desembozada. En esta dirección han avanzado un buen trecho. Han convertido, con la experiencia acumulada por aquellos a quienes idolatran, el modelo en una franquicia que hoy es producto de exportación.

La hegemonía comunicacional juega en un campo opuesto, contrario a aquél en el que juegan la democracia y las libertades. Mientras que el proyecto de hegemonía se solaza en el pensamiento único y la visión cuartelaría de la vida, en el democrático se ensalza la confrontación de ideas y la pluralidad.

El modelo de negocio de la “franquicia roja” está dotado de un guión que se inicia relativizando la importancia de la libertad de expresión, con aquella pregunta que se hacía Lenin, libertad para qué?. Inmediatamente se pasa a la identificación del enemigo de la libertad, que no podía ser otro que la empresa privada, en particular las de mayor dimensión. El siguiente paso consiste en defender a la “Verdadera” libertad de expresión, es decir, la que propone SU hegemonía comunicacional. De este modo la defensa de la libertad de expresión se convierte en retórica, como la retórica de la solidaridad o la retórica de la adjetivación de la democracia.

Nadie en su sano juicio enarbolaría argumentos contrarios a la libertad de expresión, derecho humano fundamental, en la era de Internet y la sociedad de la información. Por ello hay que tener presente que en su nombre se han cometido los peores desmanes. La defensa que hacen de la libertad se arropa en la protección de la (SU)“verdad” y la (SU)“objetividad”. Hasta en el mundo de la ciencia estos términos están fuera de uso, lo que nos permite afirmar que no hay nada más subjetivo que la objetividad.

Otro argumento del que se valen, que complementa los anteriores y es de suma utilidad para atacar a la propiedad privada, es que esta defensa se hace en nombre de los pobres y desposeídos blandiendo la custodia del “bien común” y del “interés general” (que duda cabe, que ellos representan). Contraponen el interés colectivo, que dicen representar, al interés individual y “egoísta” de la empresa.

Al hacerlo de esta manera vacían de contenido las nociones de “pueblo” e “interés general”. Existen muchos intereses, expectativas, creencias y conocimientos, tantos como individuos conforman el pueblo y tantos como participan del interés general. Carece de todo sentido y de lógica referirse al pueblo como si de un ente único y monolítico se tratase.

El ataque a la empresa privada no para allí. Se valen del gastado discurso de la confrontación entre los periodistas y los propietarios de los medios. En su fariseo intento por trasladar la lucha de clases a los medios, identifican a los propietarios como los responsables de negar la libertad, puesto que ellos solo buscan satisfacer su interés individual (¿será que al resto no?). Y la solución a este dilema se encuentra en el gobierno que estatiza medios o más bien los “gobierniza”.

De este modo imponen el interés público y la noción de “servicio público”, cuya responsabilidad recae en el gobierno ¿en su preocupación por el bien de todos? Blanden como excusa la necesaria custodia del bien común que dicen representar. Se resta importancia a la propiedad y se acentúa el papel de lo público. En este discurso son muchas las dudas que nos asaltan, pues desconocemos si se refieren a un servicio público o a la mejor forma de servirse de lo público para sus fines privados.

Quienes impulsan la Hegemonía Comunicacional con tal fanatismo se creen poseedores de la “verdad”, que es necesario imponer a toda la sociedad. Verdad que es alérgica a la duda e intolerante a la crítica. Lo plantean como un combate en nombre de la verdad y por ello el noble fin de la hegemonía justifica cualquier acción, cualquier medio vale. De la aversión a la crítica no escapa el humor, que puede resultar un enemigo intolerable. Lo atestiguan los casos de Pedro León Zapata, Rayma Suprani y Laureano Márquez. Son argumentos similares a los que esgrimen los defensores del ataque a la revista Charlie, quienes creen que existe una religión única, superior y verdadera, o como en su oportunidad lo hicieran quienes defendían una raza o una clase superior.

Con esos argumentos como pretexto, que además utilizan a conveniencia, se diseña un marco legal que haga posible alcanzar la Hegemonía. Los pretextos han alumbrado hasta un premio nobel que ha llegado a hablar bien de esa iniciativa, lo que no deja de causar asombro y alarma. La ley crea la institución responsable de su ejecución y cumplimiento. En ella participan representantes de organizaciones gubernamentales y de organizaciones afectas al régimen y animadas con idéntico fin.

La ley le da al gobierno un conjunto de atribuciones para el seguimiento de todos los medios y la responsabilidad del control del espacio radio eléctrico. El poder que ostenta hace que resulte sumamente frágil el ejercicio de la propiedad privada, que constantemente se ve amenazada. El contenido de la ley genera un clima propicio a la autocensura ante las enormes probabilidades de ver eliminada una inversión publicitaria de alguna empresa del Estado o, lo que es peor, la posibilidad de cierre y expropiación. La inversión pública en publicidad es otra de las herramientas que el régimen utiliza para construir la hegemonía comunicacional. Es otra modalidad de utilizar los recursos de todos los ciudadanos para implantar un proyecto individual.

El marco legal que se disfraza de Responsabilidad Social en los Medios nace tullido, un verdadero dislate y un monumento en contra de la libertad de expresión. Su articulado es un inventario de asombros. En ese marco se explicita lo que considera debe decirse y lo que debe callarse, fija los límites aceptables y las sanciones para quien ose saltarlos, los grados de erotismo y violencia que son aceptables y el horario en el que pueden transmitirse, las imágenes que es posible incluir y aquellas que es obligatorio excluir, etc. En el terreno de las sanciones, el texto cubre un arco amplio de posibilidades que va desde multas onerosas e impagables, eliminación de concesiones hasta la expropiación. Como es sumamente difícil lograr consensos en arenas tan movedizas se hace necesario que sea lo voz y opinión del jefe de turno la que determine el tipo de sanción que debe aplicarse. Abundan los ejemplos. Multas impagables a Globovisión, expropiación de emisoras de radio y televisión, sanciones judiciales a periodistas y dueños de medios como Teodoro Petkoff y Tal Cual o Miguel Henrique Otero y el Nacional.

Cuando se expropian empresas y cuando se atenta contra la propiedad se atenta también contra la libertad. De ello son ejemplo las multas milmillonarias hechas a Globovisión por transmitir imágenes frente a un centro penitenciario, la revocatoria de la concesión a Radio Caracas Televisión o la expropiación de emisoras de radio. Cuando un medio privado mantiene una actitud crítica el gobierno sufre y se vale de cualquier argumento para arremeter en contra de ese atrevimiento. Ello incluye la mentira, que forma parte de todo modelo con ADN totalitario. Por este motivo hay que evitar a toda costa que se apoderen de la historia y la distorsionen con el fin de controlar el presente. La ley a su manera es la partida de nacimiento de la policía del pensamiento.

Atacan a los medios por referirse a problemas que existen, como la elevada tasa de homicidios. En lugar de atacar el problema lo que les aterra es que se hable de su existencia. Piensan, erróneamente, que silenciando el hecho callan a la realidad.

La ley se aplica a los enemigos, mientras que para los amigos ésta se interpreta. Es lo que explica que pasen inadvertidas las agresiones de acólitos del gobierno que, en palabras de una socia del régimen, la nueva alcaldesa de Madrid, se trata tan solo de humor negro. También forma parte de ello la exclusión de personalidades, políticos o sindicatos no afectos al régimen, de cualquier programa de la amplia red de medios en manos del gobierno. El Estado nunca se equivoca, como lo testimonian las más de 45 mil sentencias en la que todas sancionan a la sociedad civil: medios, periodistas, camarógrafos, tuiteros y NUNCA a una instancia del Estado.

Cuando la sanción, la censura y la amenaza de expropiación resultan insuficientes se recurre a los empresarios compinches o de oportunidad. En este punto se presentan varias opciones: empresarios resentidos y testaferros, quines adquieren medios expropiados o en riesgo de serlo. Algunos grandes medios han sido adquiridos por microempresas, cuyos dueños son verdaderos magos de las finanzas o compinches a toda prueba. Por ello guardan lo que se conoce como fidelidad por obligación.

Para el logro de su fin hegemónico los recursos de todos los venezolanos resultan sumamente útiles. Eso es verdad solo en la fase inicial, es decir, en la que operan como ciudadanos que pagan impuestos y que aportan su alícuota del petróleo. Después el panorama cambia. Se crean dos tipos de ciudadanos: los sumisos y los insumisos. A estos últimos se los persigue por gusto y disciplina. Se demuestra así que el socialismo es el sumun de la privatización: todo está en manos de un grupo y su jefe.

La ley se vale de otras instituciones y normativas para alcanzar su propósito, siendo una de las más útiles la del control cambiario. El acceso a las compra de divisas es indispensable para adquirir los insumos necesarios para el funcionamiento de los medios de comunicación y cualquier demora o impedimento puede traducirse en el cierre de los mismos. En el caso de la prensa escrita se añade el hecho de que el gobierno posee el monopolio del papel. Ya de por sí esto es infame, pero en un régimen cuyo propósito es la hejemonía resulta patético.

Este proyecto es una negación de la libertad de expresión. Sin ésta, piedra angular de la democracia, las libertades perecen. De allí la formidable importancia de defenderla en todos los espacios y a diario. Es una condición para el ejercicio de la democracia y no se puede entender como un privilegio de periodistas, comunicadores y empresas de comunicación.

Se trata de un derecho humano básico que no se puede matizar y que lleva asociado el libre acceso a la información y a la libertad de prensa. De la permanencia y salvaguarda de estos derechos depende la sobrevivencia de la democracia a la que se encuentran indisolublemente ligados. El límite de esta libertad es el derecho a la propiedad, a la libertad y a la vida de terceras personas.

Las libertades y el reconocimiento de los derechos humanos sólo es posible en el contexto de una sociedad abierta en la que hay opciones entre las cuales elegir y éstos, a su vez, son los garantes de la democracia. Esta última, para operar, requiere de la opinión pública, y ésta proviene de fuentes independientes de la ideología del gobierno y se construye con la libertad de imprenta, es decir, con la propiedad privada.(Bobbio, N, 2003)

Con el fin de defender la sociedad abierta, la democracia, las libertades y en particular la libertad de expresión, se ha creado la Asociación de Periodistas Venezolanos en España. Con ella y tejiendo una red global de iniciativas similares en todo el mundo se espera poder contribuir a la expansión de la conciencia democrática global. Hay que evitar que en nombre de la libertad de expresión se creen infiernos de silencio y autocensura.

@TomasPaez