Ser venezolano es saber que no se tienen garantías cívicas y tener la certeza de que más temprano que tarde irán a buscarte, sin que medie ninguna palabra apegada a derecho, para hacerte barbaridades, torturas que, si escritas lucen terribles, vividas por sus protagonistas serán una condena eterna de pesadillas sobre sus cuerpos y mentes.

El Informe del Instituto Casla 2020 cerró el pasado 14 de enero y, desde entonces, está en la Corte Penal Internacional. Páginas para dejar retratados los manejos de los gobernantes venezolanos que “no cesan en su afán de amenazar e instigar al odio” (p. 4).

Cada palabra del informe da escalofríos. Solo imaginar lo que pasa -justo ahora- en alguna de las sedes de tortura en la que los cubanos hacen gala de profesores de represión, recuerda las fórmulas orwellianas. Una manera de hacer que el régimen cubano se exporte y mantenga gracias a un lacayo y sus secuaces que creen en el poder de la tortura.

Las palabras del informe reportan torturas, vejaciones, persecuciones. Además, dejan claro que el venezolano vive entre hambre, represión, falta de suministros de agua, electricidad y combustible. Es una realidad incuestionable que padecen todos: opositores y simpatizantes al régimen.

Informe del Instituto Casla 2020

Resumen ejecutivo

El año 2020 fue sin duda un año que el régimen venezolano aprovechó para avanzar en el ejercicio del control social a través de la represión y la manipulación del hambre, la salud y las necesidades básicas de los venezolanos.

A pesar de mantener la mayor parte del año a la población civil con combinaciones de confinamiento “radicales” y “relajadas” por la Pandemia del Covid-19, fueron miles las manifestaciones y protestas sin color político que surgieron en todo el país, principalmente por la falta de electricidad, agua, gas para cocinar, transporte público, gasolina y un salario digno, que fueron reprimidas por la fuerza pública, sin piedad, oprimiendo y deteniendo no solo a quienes manifestaban, sino a reporteros o trabajadores de medios de comunicación que cubrían las protestas, abogados que acompañaban a manifestantes, e incluso, a médicos y trabajadores de la salud que salían a reclamar por material o medicamentos para cuidarse y combatir la pandemia.

La intimidación, acoso y represión contra la oposición y los líderes políticos, la persecución y encarcelamiento contra asesores y personas cercanas al Presidente (Int) Juan Guaidó; las detenciones arbitrarias, la tortura constante contra los presos políticos y sus familias; la persecución y encarcelamiento de familiares cercanos a personas que el régimen busca o persigue, marcó un año nefasto para un país sumido en la pobreza extrema generalizada, cuya población busca desesperadamente salidas personales a la crisis que padece en su núcleo familiar, la confrontación social instigada por el régimen y el uso de grupos subversivos armados y organismos de inteligencia para reprimir y perseguir, para extorsionar, asesinar y torturar con total impunidad, aprovechando que el Estado ha mantenido el control social a través del “Estado de Excepción” decretado por la pandemia.

Los Altos Responsables del régimen, no cesan en su afán de amenazar e instigar al odio contra la gente. Tan solo a 5 días del 2021, ya una envalentonada “diputada” de la nueva Asamblea Nacional, elegida de forma ilegítima, amenazaba con confiscar los bienes de todos los venezolanos que han salido del país y quitarle, además, la nacionalidad venezolana a quienes “conspiren pidiendo invasión militar”.

El Instituto CASLA documentó y envió a la Corte Penal Internacional 25 nuevas incidencias o momentos históricos, donde al menos 141 personas fueron víctimas de Detención Arbitraria, Tortura, Desaparición Forzada Temporal y Violación o 5 alguna forma de violencia sexual. Varias incidencias contenían detenciones masivas de manifestantes donde por lo menos una víctima describió lo sucedido.

En los casos presentados e individualizados, 57 eran hombres y 15 eran mujeres, 38 civiles y 34 militares. En 14 de las 25 incidencias presentadas hubo el crimen de violación y otras formas de Violencia Sexual, donde 38 víctimas directas fueron objeto de desnudamiento, 4 fueron víctima de actos lascivos, 2 sufrieron intento de violación y 3 fueron violadas.

Documentamos casos de torturas donde las víctimas perdieron uñas de las manos y de los pies a golpes, por lo menos 25 personas fueron colgadas de una polea o columna horizontal esposados, para asfixiarlos y darles descargas eléctricas. Varias víctimas fueron objeto de ahogamientos como el método de “Waterboarding”, otras fueron torturadas con el método de la “Falanga” cuyas consecuencias posteriores son terriblemente dolorosas.

Conocimos nuevos casos donde las víctimas son obligadas a manipular sus propios excrementos sobre su cuerpo o son asfixiados con ellos, otra recibió alimentos con vidrios molidos, y a varias les metieron agujas entre las uñas de las manos, aplicando lo que los torturadores llaman “Manicure”.

La violencia sexual de desnudamiento para torturar y humillar a los presos políticos, la simulación de traslado, los castigos en celdas enterradas bajo tierra sin ventilación ni luz natural, confinados por meses sin poder comunicarse con sus familiares y abogados y además, expuestos al Covid-19 sin recibir la atención médica necesaria, fueron algunos de los métodos utilizados este año para torturar y maltratar a los “enemigos del régimen”.

Fue especialmente doloroso documentar para la CPI el caso de Yanin Fabiana Pernía, quien sobrevivió a las peores torturas que la mente humana pueda imaginar, y quien fue víctima de actos lascivos por varios funcionarios del SEBIN que la desnudaron y tocaron todo su cuerpo mientras le aplicaban muchas de las técnicas narradas en este informe, para que acusara a varios líderes políticos de la oposición.

Hacemos mención especial a los testimonios obtenidos en 2020 de civiles y militares que fueron torturados por oficiales cubanos, y donde obtuvimos el relato de al menos una víctima de violación. En el capítulo 6 de este informe, hemos expuesto parte de los testimonios obtenidos para nuestra denuncia ante la CPI, donde los denunciantes son oficiales de la FAN y funcionarios públicos formados en Cuba, o formados por funcionarios o militares cubanos en Venezuela, para 6 aplicar técnicas de adoctrinamiento y control social, infiltración de todas las Instituciones civiles y militares, planificación de la represión sistemática, e inducción y participación directa en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Presentamos un estudio realizado a víctimas y familiares directos sobre el deterioro alarmante y las consecuencias físicas y psicológicas que produce el encierro en las celdas de torturas ubicadas en los 3 sótanos del DGCIM.

Informe completo aquí