El informe anual del Instituto CASLA 2019, publicado el 17 de enero de 2020 en Madrid, presenta 83 nuevos testimonios de crímenes de lesa humanidad que ya han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional (CPI)

El recrudecimiento de la tortura y el agravamiento de los métodos degradantes usados por las fuerzas de seguridad venezolanas sobre presos políticos y opositores, ha sido denunciado por el Instituto Casla en su informe anual 2019, en el cual se hace un recuento pormenorizado de estos casos de represión.

El informe incluye 83 nuevos testimonios documentados de tortura en centros de detención o en zonas militares (e incluso en centros clandestinos), 45 asesinatos en manifestaciones, 1 persona víctima de desaparición forzada y 4 ejecuciones extrajudiciales, todos estos presentados con pruebas ante la Corte Penal Internacional de la Haya, como parte el proceso contra el régimen venezolano, por delitos de lesa humanidad.

El informe fue publicado el 17 de enero en Madrid por la directora del Instituto, la abogada penalista Tamara Suju, quien desde el año 2004 ha documentado casos de torturas en los centros penitenciarios venezolanos. Suju también se encuentra en el exilio desde el año 2014 tras ser detenida y amenazada por funcionarios de seguridad venezolanos, en un intento de reducir sus constantes denuncias contra el régimen de Maduro.

En esta ocasión, la abogada presentó vídeos con relatos de víctimas y de sus familiares en los que se explican los métodos crueles usados para doblegar la voluntad de los detenidos, algunos de ellos ampliamente difundidos en medios internacionales. Uno de estos es el del Capitán Rafael Acosta Arévalo, quien luego de su detención por supuestos delitos de traición a la patria, fue presentado ante un tribunal en silla de ruedas, sangrando, con 16 costillas y un pie fracturado, sin habla y con los ojos desorbitados debido a las graves lesiones que, seguidamente, le causaron la muerte.

Entre las denuncias, el informe también menciona del aumento en el uso de métodos cada vez más degradantes y dolorosos de coacción: descargas eléctricas en los genitales con incrustación de agujas, perforación de uñas, asfixias sucesivas con bolsas plásticas, en algunos casos rociadas con gases tóxicos, colgamiento de los detenidos en vigas durante días privándoles del baño y cualquier tipo de aseo, además de toda clase de golpizas y diversos tipos de violencia sexual.

Los casos de torturas blanca o aislamiento prolongados también se repitieron en un 49% de las víctimas: se les privó de alimentación, del sueño y de luz solar, y a algunos se les sometía a temperaturas de frío extremo. Según las denuncias de las víctimas en uno de los sótanos del centro de DGCIM, centro de Inteligencia Militar venezolano, se ha instalado un cuarto cava o nevera, donde se somete a los detenidos a largos periodos de congelamiento.

"Las lesiones de las víctimas son graves, algunas han quedado con miembros dislocados, paralización de las manos y órganos, con efectos psicológicos de larga duración".

Este informe, entregado a la Corte Penal Internacional el pasado 12 de diciembre del 2019, también hace una actualización en la cadena de mando de los organismos represores del régimen venezolano. El principal organismo denunciado ha sido precisamente el DGCIM, ejecutor en casos de torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, seguido por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y las Fuerzas Armadas; se incluyen en la lista los nombres de los Fiscales y Jueces que permitieron o no denunciaron los delitos de lesa humanidad.

Violencia hacia el pueblo Pemón

El informe destaca especialmente el ensañamiento del régimen contra la etnia Pemón, ocurrida en enero del 2019, a causa del apoyo que dado por esta comunidad al plan de ayuda humanitaria organizado por la oposición. En particular se menciona el ataque de militares armados del FAES en una comunidad indígena, causando 7 muertes, 51 heridos por balas y más de 60 detenciones entre las que hay 36 denuncias de torturas.

Tras este incidente de represión se han repetido múltiples casos de persecución y amedrentamiento hacia los indígenas, relacionados con la sobreexplotación de las minas de oro y coltán ubicadas en la selva. Estas amenazas han ocasionado el desplazamiento de más de un mil 200 pemones desde sus tierras hacia refugios en Brasil.

La directora del instituto Casla advirtió que la creciente escalada de violencia por parte de los cuerpos de seguridad en Venezuela no excluye edad, sexo ni condición física, recordando, un caso reciente ocurrido el 26 de diciembre pasado, cuando como represalia por la fuga del Capitán Heredia de una cárcel militar, fueron apresados sus padres de 84 y 64 años, una hermana, un cuñado, una vecina y un sobrino de ocho años.

Injerencia cubana

Como parte de las denuncias incluidas en el informe, Suju advirtió sobre la injerencia de militares cubanos en los centros de seguridad venezolanos participando en la planificación y comisión del crimen de la tortura, para lo cual presentó 12 testimonios directos de víctimas que identificaron oficiales en diversos centros clandestinos.

“…El adiestramiento que realizan, tanto en la isla como en el país, de funcionarios de organismos de seguridad y de civiles, las misiones que visitan las distintas guarniciones militares y de inteligencia, el adiestramiento al personal en sistemas de espionaje y represión son trabajos que realizan conjuntamente con el Ministerio de Defensa y el CEOFAN”.

En refuerzo a esta denuncia, el informe adjunta el testimonio del Teniente Ronald Dugarte Silva, quien estuvo adscrito a la dirección de Contrainteligencia Militar, en el que se detalla la red de inteligencia paralela, integrada por los llamados colectivos (paramilitares) empresarios y funcionarios públicos, como parte de la estructura represiva del régimen de Maduro, que promueve el uso de métodos de tortura y amedrentamiento, internacionalmente reconocidos como crímenes en contra de la humanidad, que no prescriben.

Víctimas por golpes en el año 2019