Promover el debate y trabajar en las reformas que necesita el sistema judicial venezolano es el objetivo del Informe "El restablecimiento de la independencia judicial en Venezuela", publicado por la European Lawyers Foundation (ELF), una institución europea orientada a emprender y participar en proyectos relacionados con el desarrollo del derecho y la práctica relacionados con el estado de derecho y la administración de justicia. El informe avanza en cuatro áreas claves:

• Establecimiento de un Tribunal Constitucional independiente
• Eliminación progresiva de jueces y fiscales provisionales
• Desarrollo de las bases para una nueva carrera judicial y fiscal
• El posible establecimiento de un Consejo del Poder Judicial

Sobre el establecimiento de un Tribunal Constitucional independiente, el informe recomienda, para garantizar la máxima independencia del Tribunal respecto a los Poderes del Estado, que la selección de los jueces se lleve a cabo de manera transparente, para lo que apunta una serie de medidas. También recomienda la igualdad de género en las designaciones de los magistrados; garantizar el equilibrio en las especialidades de los magistrados y someter a los magistrados a la aplicación de un código ético y jurisdicción disciplinaria.

"Para evitar tanto el abuso de la utilización del Tribunal con fines políticos, como para evitar que se vea abrumado por un ingente número de casos, se recomienda que el Tribunal adopte un sistema similar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, donde el Tribunal tiene facultades para decidir sobre qué casos va a decidir. Sus decisiones podrían tomarse según los criterios de importancia para el país o la necesidad de resolver un conflicto en relación a decisiones judiciales anteriores, o cuando se ignoren sus decisiones anteriores" reza en este apartado.

Jueces provisionales: herramientas para la injusticia

Con relación a la eliminación progresiva de jueces y fiscales provisionales, confirma que el nombramiento de jueces y fiscales provisionales ha sido uno de los instrumentos que el Gobierno venezolano ha utilizado para equiparar Justicia y aliados y, por lo tanto, para corromper a la judicatura para que tome decisiones a su favor. "El nombramiento de jueces y fiscales provisionales también ha sido una herramienta útil para hostigar y enjuiciar a los adversarios políticos. Mediante el control de fiscales y jueces, el Gobierno ha garantizado que quien sea acusado por los fiscales sea condenado automáticamente por los jueces" señala.

"El Gobierno ha admitido que la gran mayoría de jueces y fiscales se encuentran en esta condición de provisionalidad. En diciembre de 2015, el Gobierno estimó que el número de jueces no provisionales, es decir, jueces titulares, era del 34% del total" Confirma la ELF.

Recomienda, por tanto, que se revisen todos los nombramientos provisionales y se vayan desincorporando en tramos de acuerdo con un calendario escalonado que permita que la Administración de Justicia no se paralice. "Para que se retenga o vuelva a contratar a estos jueces y fiscales, el proceso debería incluir un examen (que podría ser preparado y gestionado por reconocidos profesores de Derecho).

El informe señala, sobre el desarrollo de las bases para una nueva carrera judicial y fiscal, que en la práctica "se ha demostrado que la Constitución y la ley no se cumplen, y que el sistema judicial venezolano no ha estado compuesto por jueces nombrados de conformidad con el procedimiento constitucional, sino por jueces provisionales designados discrecionalmente por el Gobierno sobre la base de obediencia al propio Gobierno en lugar de en función a habilidades demostrables. En consecuencia, las disposiciones legales en relación al acceso a la carrera judicial en Venezuela son actualmente una mera fachada".

"La ruta para permitir el acceso a cada carrera debe estar claramente definida en un estatuto para jueces y fiscales. Esta ruta debería ser similar a la que Venezuela ha conocido en el pasado, para que sea más familiar y fácil de operar", recomienda el informe sobre el establecimiento de una estructura de carrera para todos los jueces y fiscales.

Tribunales en Venezuela: instrumentos corruptos del Gobierno de Nicolás Maduro

Sobre el posible establecimiento de un Consejo del Poder Judicial, y sobre la base de su nefasta experiencia en el pasado, la Fundación se pregunta si la reintroducción de éste en Venezuela sería algo positivo. "Dado que el antiguo Consejo del Poder Judicial fue clausurado debido a la corrupción política y la falta de independencia, debe fundamentarse adecuadamente el establecimiento de uno nuevo y otorgarse las debidas garantías de que el nuevo no sufrirá los mismos problemas que el anterior. La principal razón que justifica el establecimiento de un nuevo Consejo del Poder Judicial en Venezuela es que el Tribunal Supremo de Justicia se ha subordinado por completo al gobierno actual y ha perdido no solo su independencia, sino también la confianza del público. Por lo tanto, es necesario que el Poder Judicial venezolano se dote de un órgano de Gobierno propio y que se eviten los problemas del pasado, algo que puede hacerse de diferentes maneras".

El informe de la ELF recuerda que el sistema legal venezolano ya ha tenido un Consejo del Poder Judicial y falló, pero confirma que "la alternativa también ha fallado, con los tribunales convirtiéndose en instrumentos corruptos del Gobierno de Nicolás Maduro". Por lo tanto, considera necesario emprender una nueva iniciativa para establecer un Consejo del Poder Judicial en cuanto se produzca el retorno de Venezuela al Estado de Derecho.

"Esto implicará que se tomen decisiones importantes sobre las competencias, la membresía y el presupuesto de dicho Consejo, de modo que los elementos más relevantes del mismo habrán de incluirse en la Constitución. El Consejo ha de tener los poderes para seleccionar, nombrar, promover y destituir a los miembros de la carrera judicial. El Consejo debería estar constituido por personas propuestas por los diferentes Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Consejo debe tener un presupuesto separado para poder llevar a cabo sus funciones de acuerdo con los requisitos de independencia e imparcialidad".