Ante la interrogante que nos enfrenta como sociedad venezolana: ¿qué hacer con los responsables de los crímenes perpetrados en el pasado?, debemos encarar dos posiciones: 1) quienes defienden la urgente necesidad de adoptar las medidas para acabar de inmediato con el régimen antidemocrático; 2) quienes abogan por el castigo de los responsables de los crímenes como requisito sine qua non en el proceso hacia la paz y la democracia.

Ambas posiciones son consideradas por la doctrina como realistas frente a idealistas (“peace makers” versus “human rigthers”). Por otra parte, también existen otras propuestas denominadas como la “paz ahora y justicia en el futuro”, o “enfrentar el pasado, sí, pero todavía no”. Estas nociones nos conducen ineludiblemente a la revisión de los conceptos de democracia y derechos humanos, porque no hay una mejoría más significativa de los DDHH que cuando se da fin a una dictadura (o a una guerra, por ejemplo) aunque ello signifique ¿renunciar al castigo de los responsables de crímenes internacionales?...

“empirical evidence suggest that a concern of Justice must be tempered by the realities of negotiation and by parties interests in reacting a political settlement”.

Hay otras posiciones que consideran el castigo de los criminales como un asunto irrenunciable para lograr el camino hacia la transición; o aquellos que estiman que las personas que no están viviendo el caos y la miseria en primera persona no piensan en el bienestar de los venezolanos que se encuentran dentro del país padeciendo las penurias actualmente, y por ello no deberían retrasar el diálogo.

No obstante, aun cuando la democracia es más deseable que la dictadura y la paz que la violencia, la consecución de la paz no puede hacerse de espaldas a la justicia. El hecho de que los represores queden impunes, e inclusive sigan ostentando altos cargos, comprometería al nuevo sistema de gobierno venezolano de cara a los partidarios de una Venezuela nueva. Asimismo, en el entendido de que el ciclo de represión e impunidad ha sido continuo en el país dado que una nomenclatura poderosa se mantiene por encima de la ley, debemos lograr que los militares respondan por sus acciones y omisiones ante la justicia, por lo cual, debe establecerse el control ciudadano sobre los militares y la supremacía de la ley para romper con ese ciclo pernicioso:

“Los que olvidan los errores del pasado, están condenados a repetirlos”.

Tenemos también el compromiso de encarar el binomio justicia-venganza, manejando una noción de justicia en la cual los individuos directamente implicados en los crímenes deban responder por las violaciones de DDHH ocasionadas, buscando a tales fines, reparar el daño provocado aunado al castigo por la comisión del crimen. Ello, podríamos lograrlo a través de la justicia transicional para responder a las violaciones masivas de los derechos humanos perpetradas por agentes estatales, y/o por particulares con aquiescencia y tolerancia del gobierno actual.

Las distintas alternativas para responder a este asunto serían: el enjuiciamiento de los responsables, las medidas reparatorias y restaurativas, y las purgas. Lograr un sentido de justicia diversa: Enjuiciar a los responsables, reparaciones para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, reformar a la policía y a la justicia, facilitar los procesos de reconciliación en las comunidades.

Al respecto, podríamos extraer elementos jurídicos -aplicables al caso Venezuela- de las modalidades de transición, reconciliación y perdón de los siguientes casos: la derrota absoluta tras una guerra (por ejemplo: Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial); la transición a la democracia en Chile que surgió luego de la derrota de Pinochet en las elecciones; la transición a través del acuerdo y negociación en el caso de Sudáfrica; la transición de un sistema comunista en los países de Europa Oriental; la aplicación de la justicia en Ruanda a través de los tribunales Gatacca (víctimas, y jueces juzgando a los victimarios mediante tribunales creados en todo el país.

Es interesante este proceso debido a que luego tendrían que convivir tanto víctimas como victimarios en las mismas comunidades, y ello implicaría la reinserción de los responsables de crímenes internacionales en la sociedad. Claro está, ello se aplicó en relación con los criminales de bajo rango; o la purga en Singapur (cero tolerancia con corruptos y su círculo cercano. Y la prohibición de acceder a la administración pública), entre otros ejemplos.

Ahora bien: ¿cuál será el mejor modelo para la paz, la reconciliación y la transición en nuestra Venezuela?… Se precisa la coalición de todos los actores nacionales propulsores de democracia, promotores de la protección de los derechos humanos, defensores de la reforma a la justicia, dentro y fuera del país, trabajando en conjunto para lograrlo.