En noviembre de 2017, el bloque ratificó sus sanciones al Gobierno de Maduro, pero solo en primera fase. Hubo acuerdo de los 28 países para bloquear venta de armas y demás materiales bélicos que sirvieran para reprimir a manifestantes. El documento estimaba que si el diálogo fallaba se procedería a sanciones individuales. Es enero de 2018 y aún no sucede. Entrevista con las eurodiputadas Beatriz Becerra y Dita Charanzová.

Estados Unidos ha vuelto a asomar otra serie de sanciones a personeros del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. No son las primeras, ni tal vez serán las últimas. Desde la Casa Blanca siguen gastando cartuchos de presión de la política exterior en lo que han resumido como una estrategia multicanal: “Todas las opciones están sobre la mesa”.

Thomas Shannon, Subsecretario de Estado de Asuntos Políticos de EE.UU, afirmó al cierre de la semana pasada, desde Madrid, que el Gobierno de Trump baraja emitir nuevas sanciones contra figuras del régimen y que trabajará en conjunto con España para lograr condenas individuales desde la Unión Europea que contemplarían, como en Norteamérica, la congelación de  bienes, cuentas bancarias y la prohibición de entrada al territorio comunitario.

Pero el bloque del viejo continente está engatillado para definir penas personalísimas contra los socialistas venezolanos, pese a asomarlas en noviembre pasado, cuando los ministros de exteriores de los 28 países acordaron aplicar las primeras sanciones contra la administración Maduro bloqueando ventas de armas y materiales bélicos que pudieran emplearse en manifestaciones.

En ese momento Europa había confirmado que ya el marco legal para las penalizaciones individuales estaba listo, sin embargo, y aún con nombres y expedientes de señalados por violaciones de Derechos Humanos facilitados por organizaciones civiles, partidos políticos de oposición y dirigentes venezolanos, la Unión Europea no emite su primera lista negra. Vale recordar que muchos de los funcionarios puestos en la lupa de la mesa europea, son los mismos que ya Estados Unidos sancionó.

El tema es el acuerdo

Beatriz Becerra, Vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo  y  una de las figuras políticas que más ha tratado en tema Venezuela en europarlameto, sostiene que para que se apliquen las sanciones hace falta un acuerdo unánime de los Estados miembros.  

“En este mes de enero se debe iniciar la segunda fase en la cual se confirmarán los funcionarios venezolanos responsables de violaciones de derechos humanos para proceder a la aplicación de sanciones individuales. Teniendo en cuenta la realidad política venezolana, el ritmo para imponer estas sanciones está siendo lento en comparación con la rapidez con la que Maduro y sus cómplices dinamitan la democracia venezolana mientras violan los derechos y libertades de su población”.

Becerra asegura que, llegado el acuerdo total, no habrá equívocos puesto que los expedientes están claros. “Ya la Corte Penal Internacional tiene nombres, incluyendo al propio Maduro por haber cometido crímenes de lesa humanidad”.

Cuando la Unión Europea emitió en noviembre de 2017 las primeras sanciones, se dejó abierto un canal para darle tiempo al diálogo entre oposición y Gobierno y los resultados, si eran positivos, serían aval para retirar penalidades y no pasar a la fase de sanciones selectivas. Pero diálogo una vez más ha fallado.

La parlamentaria endosa los retrasos en el acuerdo a las esperanzas de algunos países de los 28 en la vía del diálogo, pero ante tanto fracaso orquestado desde el Gobierno de Maduro, afirma que se trata de una “ingenuidad”.

“La posición de la Alta Representante, Federica Mogherini, siempre ha sido la de no abandonar estos canales con el régimen. Lamentablemente no ha servido de nada. A pesar de las buenas intenciones Maduro ha utilizado cada diálogo para ganar tiempo y continuar aboliendo la democracia y el Estado de Derecho venezolano”.

Para Becerra, el único diálogo posible son elecciones con garantías, la excarcelación de presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el reconocimiento de poderes legítimos como la AN, una ventana sellada con fuego por el régimen. “El Gobierno de Maduro no ha mostrado ninguna señal en este sentido. No tiene el más mínimo interés en cesar en su intención de instaurar un régimen de partido único a imitación del modelo cubano”.

La representante española afirma que las sanciones, por sí solas, no resolverán el problema venezolano, pero está segura que debilitarán al Gobierno, como se ha hecho desde Estados Unidos, cuyo impacto ha resentido a los socialistas al extremo de condicionar cualquier negociación con la oposición al definitivo levantamiento de las penas impuestas por La Casa Blanca. 

Timidez que oxigena

Dita Charanzová es diputada del Parlamento Europeo por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) y no se explica el porqué aún no existen una reacción conjunta con penas selectivas.

“No lo sé, y no creo que haya una razón legítima para no haber impuesto sanciones, tomando en cuenta la gravedad de la situación. Llevamos tres años pidiendo sanciones selectivas. Pero la respuesta ante la crisis venezolana por parte de la UE ha sido condenar y lamentar la situación, sin al mismo tiempo pasar a la acción concreta”.

Es una respuesta que confirma la timidez con la que se presenta la UE frente al caso venezolano pese a reconocer a la oposición política con el premio Sajarov, denunciar la existencia de presos políticos y manejar expedientes detallados sobre los calificados como violadores de Derechos Humanos. El acuerdo unánime es la cuesta más empinada para, definitivamente, activarse en ese sentido.

Charanzová plantea que ya son necesarias las medidas individuales contra figuras del Gobierno de Maduro, puesto que, desde Europa, un embargo armas, tendría poco efecto en su régimen. “Hay que adoptar sanciones selectivas. Si no, se mantendrá el statu quo de un régimen que finge el diálogo mientras continúa reprimiendo brutalmente cualquier oposición y al mismo tiempo profundizando la crisis humanitaria y económica, y generando aún más sufrimiento”.

Tan solo ayer, Venezuela saltó nuevamente a las tendencias informativas mundiales con el cerco y ataque a muerte contra Oscar Pérez, un expolicía en rebelión que protagonizó con un equipo élite operaciones que dejaron en ridículo a la capacidad de respuesta del Gobierno lanzando granadas contra el TSJ y asaltando, sin muertos ni heridos un comando de la Guardia Nacional para cargar consigo con todo el armamento.

Las imágenes que emitió en streaming el propio Pérez desde sus redes sociales hablaban de su rendición en la parroquia de El Junquito, del municipio Libertador del Distrito Capital. Él y parte de su equipo estaban rodeados y eran fuertemente atacados. Al final de la tarde el parte oficial era de ocho muertos (5 rebeldes y 3 policías), una escena que representa un manifiesto en directo del proceder de Estado venezolano. Las últimas informaciones confirmadas por la cadena CNN eran que Pérez murió ajusticiado.

Según la eurodiputada Charanzová los casos de violaciones de DDHH en Venezuela son palpables y los nombres de los responsables están claros.

“La Organización de las Naciones Unidas investigo casi 2000 casos de abusos cometidos durante las manifestaciones del año pasado, cuyos resultados publicaron en un informe en agosto 2017 denunciando el abuso sistemático por parte del gobierno y pidiendo que se abriera investigaciones independientes.   Ya se ha presentado varias denuncias ante la Corte Penal Internacional, pero todavía no se han abierto investigaciones. Escribí una carta a la Fiscal Jefe en octubre, firmado por decenas de eurodiputados, para apoyar la apertura de investigaciones sobre estas graves denuncias. Seguimos a la espera de una respuesta”.

La eurodiputada ha dejado de creer en la efectividad del diálogo en el caso venezolano, al menos no en el tenor que quiere imponer la administración Maduro.

“Desgraciadamente no ha servido para nada en esta crisis. Por eso hay que mirar más allá con el fin de ver cómo podemos influir al régimen de Maduro para que empiece un proceso pacífico de transición y busque soluciones a las serias crisis que están afectando al pueblo venezolano. El 12 de enero hubo una declaración de la portavoz de la Alta Representante Mogherini en el contexto de la nueva ronda de negociaciones, y sinceramente sigue repitiendo las mismas palabras de siempre. No veo ningún cambio en la reacción de la UE”.

La fuerza extranjera

Ambas diputadas han respondido a las tesis lanzadas sobre la necesidad de una intervención extranjera en coalición, dado los fracasos del diálogo y la posición invariable de las Fuerzas Armadas Nacional de defender al Gobierno de Maduro. Beatriz Becerra ha dicho que el uso de la fuerza solo daría argumentos a Maduro para venderse como víctima en medio de la crisis. “Le daría argumentos a un régimen que ya los ha perdido todos”. La presión tiene que ser internacional, para conseguir elecciones con toda la garantía y sin restricciones a la oposición.

Dita Charanzová prefiere no hablar de esa opción: “Creo que todavía existen opciones diplomáticas y económicas que facilitarían un regreso a la democracia en Venezuela”.