El periodista venezolano y líder social del centro norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, lleva más 72 horas detenido sin haber sido presentado a tribunales, tener acceso a sus abogados y está recluido con las manos esposadas en una celda junto a presos comunes en la zona siete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta norte.

"La privativa de libertad de Carlos Julio Rojas no está ajustada al estado de derecho, a las 48 horas de su detención continuaba en privación ilegítima de libertad y sin presentación ante las instancias correspondientes" informa uno de sus abogados defensores, Carlos Calderón.

El letrado explica que al no estar judicializado el caso “se le está violando el debido proceso” lo que en su criterio evidencia que este caso representa “el abuso y el desborde de la inconstitucionalidad de la fuerza pública, en el cual se le violenta el derecho a la protesta y al libre tránsito del periodista y luchador comunitario”.

“Una vez más estamos en esta situación similar que llevó a juicio a Carlos Julio tras haber filmado una cola en su supermercado en 2015 para un programa de televisión que conducía. Nosotros vamos a seguir adelante con la Constitución en la mano y con las leyes para evitar de nuevo la arbitrariedad de la dictadura latinoamericana y de tiempos pasados en Venezuela donde toda resistencia era llevada a tribunales militares que no son competentes y ni son jueces naturales de todo civil”, aseveró el jurista.

Rojas fue detenido ilegal y arbitrariamente el pasado jueves 6 de julio en la ciudad de Caracas, mientras caminaba con una bolsa de patatas por San Bernardino y, tras haber participado en una protesta pacífica convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, fue acusado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Sin embargo, tal como lo señalara el Sindicato Nacional de Periodistas en un comunicado “son airadas y apresuradas las acusaciones contra el comunicador y líder comunitario, dejando ver la siembra de supuestos elementos conspirativos y la intención de someterlo a la justicia militar”.

El comunicador, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y trabajador del programa Radar de los Barrios, se desempeña como defensor de los derechos colectivos, así como activista en favor de la democracia. Formó parte del movimiento estudiantil, donde alzó su voz, contra el cierre de Radio Caracas Televisión. Al mismo tiempo, se dedicó al trabajo social en distintas comunidades caraqueñas, tarea que realizó hasta cuando fue apresado por organismos de seguridad del Estado mientras ejercía su legítimo derecho a la protesta.

Diversas organizaciones gremiales y de derechos humanos han condenado “el secuestro” al que ha sido sometido Rojas y emplazan al gobierno venezolano a que deje en libertad al periodista y cese en su empeño por generar miedo en quienes son críticos, cuestionan su gestión y se asocian para generar cambios en el marco de la Constitución de la República.