A través de un comunicado publicado este 31 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de levantar las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional, establecer que sus actos constituyen traición a la patria y otorgar al Poder Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales.

"Estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional".

La Comisión condena así lo que consiera una "grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional" y urge al Estado venezolano a restablecer la independencia y separación de poderes del Estado. La CIDH expresa su absoluta preocupación ante decisiones mediante las cuales el Tribunal Supremo de Justicia ha asumido funciones y decisiones sobre asuntos políticos y legislativos que son ajenos a la función judicial, afectando el rol de la Asamblea Nacional y su representación popular.

"Estas decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos, por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial y la vulneración del principio de separación de poderes en un sistema democrático".

La Comisión Interamericana, a través de este comunicado, condena el uso del derecho penal -del delito tipificado como traición a la patria-, como un medio para silenciar, intimidar y criminalizar la crítica al Gobierno realizada por los diputados de la Asamblea Nacional. Adicionalmente, observa que la primera decisión del Tribunal dota al Presidente de la República de poderes discrecionales, que través de un lenguaje amplio y ambiguo permite la adopción de medidas de toda índole.

"Esta situación tiene la potencialidad de generar limitaciones a los derechos humanos".

En su comunicado, la CIDH señala haber establecido reiteradamente que existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado. "La Comisión le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto".

"La CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho".

Se ha puesto a disposición para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democrático en el país.