El Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó recientemente la actualización y relanzamiento del informe que sobre la situación en Venezuela presentó en mayo del año pasado. Indicó también el haber recibido de más de 40 organizaciones sociales y de derechos humanos, con sede en el país suramericano, un documento que expresa la necesidad de dicha activación, “debido a la continuación del agravamiento del quiebre de la institucionalidad democrática y los retrocesos en materia de derechos sociales”.

Recordemos que a través del llamado “Informe Almagro” se solicitó “la convocatoria a una sesión urgente del Consejo Permanente de los Estados Miembros” con la finalidad de considerar la activación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Venezuela. Dicha moción no fue aprobada, entre otros motivos por la posibilidad de la realización de un referéndum revocatorio y el llamado diálogo entre un sector de la oposición y el gobierno venezolano con una muy criticada mediación internacional.

El referéndum fue bloqueado y el diálogo fracasó, por lo tanto, ya nadie se puede oponer a la aplicación del mecanismo interamericano porque la crisis humanitaria en Venezuela se ha profundizado y, de paso, se han develado vínculos entre el oficialismo, el terrorismo y el narcotráfico.

Los gobiernos aliados a Maduro en la región se han despedido: Cristina en Argentina y Dilma en Brasil. Al Perú llegó Pedro Pablo Kuczynski y Correa ya no estará en Ecuador. Como verá, amigo lector, se han producido cambios importantes en el continente siendo que la política de apaciguamiento propiciada por Obama, ahora ha dado un vuelco con la llegada de Trump.

Nunca está de más recapitular que la CDI, aprobada en septiembre de 2001 y de la cual Venezuela es signataria, tiene como principal objetivo “el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática de los Estados Miembros”. Contiene varios considerandos y 28 artículos, los cuales han sido violados, en su mayoría, por el gobierno venezolano. Por razones de espacio me referiré sólo a algunos de ellos.

Los artículos 1 y 2 nos hablan del derecho que los pueblos tienen a vivir en democracia y la obligación de sus gobiernos a “promoverla y defenderla” reforzando y profundizándola con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional. En Venezuela es todo lo contrario, el sistema es dictatorial y represivo. El artículo 3 nos habla de la necesidad de respetar las libertades fundamentales. Aquí es a la inversa, el régimen impide elecciones libres y transparentes y no existe división de poderes.

Artículo 4: “Son componentes fundamentales de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”… Hasta las redes sociales las quieren controlar, censurar y apagar.

El artículo 7 se refiere al efectivo ejercicio de las “libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente” para que se pueda hablar de democracia. Bien sabe usted, que en toda la era chavista los presos políticos han ido en aumento y la crisis humanitaria se agrava cada hora. El régimen imperante en Venezuela transgrede el artículo 9, al discriminar y reprimir a quienes piensan diferente. Infringe también el artículo 10, porque obliga a los trabajadores públicos a plegarse a las doctrinas ideológicas del oficialismo, o… “pa fuera”.

Artículo 11: “La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”. Aquí, la actividad económica privada es confiscada. Quizás uno de los crímenes más grave cometido por el chavismo-madurismo es el haber destruido la educación de calidad; para la CDI, e “la clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza”… es precisamente la formación.

Algunos interesados nos han querido vender la idea que solicitar la activación de la Carta Democrática es ir contra el pueblo venezolano, cuando la verdad es que -al igual que la aplicación de las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano contra altos funcionarios oficialistas- es contra jerarcas con nombre y apellido, esos que participan y promueven la tiranía hundiendo a los cuidadanos de este país en la miseria.

Hoy más que nunca está justificada las acciones que la comunidad internacional pueda activar para poner fin al sufrimiento de 30 millones de venezolanos.

@NituPerez