Venezuelan Press suscribe el Acuerdo del LVI Secretariado Nacional del CNP ante la propuesta de la reforma de la Ley de Ejercicio de Periodismo en Venezuela y se une al rechazo de todo tipo de reforma que atente contra los principios fundamentales contenidos en la actual legislación así como el intento de alterar, a espaldas del gremio, los instrumentos legales concernientes a la colegialización y a la libertad de expresión.

Acuerdo del LVI Secretariado Nacional del CNP ante la propuesta de la reforma de la Ley de Ejercicio de Periodismo

El LVI Secretariado Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, de Venezuela, reunido en el municipio Chacao, estado Miranda, entre los días 29 y 30 de julio de 2022, en presencia de los representantes de la Junta Directiva Nacional, el Tribunal Disciplinario Nacional y los secretarios generales seccionales (o sus representantes) de Aragua, Anzoátegui, Apure-Amazonas, Barinas, Carabobo, Ciudad Guayana, Cojedes, Costa Oriental del Lago, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Miranda, Monagas-Delta Amacuro, Nueva Esparta, Paraguaná, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy y Zulia, cuyos representantes debatieron como primer punto de su agenda la pretensión de reforma de la Ley de Ejercicio de Periodismo, vigente en el país

CONSIDERANDO

Que se ha establecido una comisión parlamentaria que está revisando dicha Ley de Ejercicio, el Código de Ética del Periodista Venezolano y los distintos pensa de estudios en las universidades para su reforma, supuestamente para su adaptación a los tiempos actuales.

CONSIDERANDO

Que hasta los momentos, el ente parlamentario en funciones no ha presentado a la opinión pública ni al gremio periodístico del país el proyecto de reforma de la ley en cuestión.

CONSIDERANDO

Que fueron públicas y notorias las declaraciones de la diputada María Carolina Chávez, segunda vicepresidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación, en las que esbozó un intento de desprofesionalizar nuestra carrera mediante la consideración como «periodistas» a los así llamados «comunicadores populares» y a otras personalidades que actúan desde los medios alternativos.

CONSIDERANDO

Que desde su fundación hasta el día de hoy, el CNP ha sido un órgano gremial independiente, tanto de los factores de poder de los dueños de los medios de comunicación como de los ligados a los entes gubernamentales.

CONSIDERANDO

Que desde su primer presidente, Héctor Mujica, hasta el actual, Tinedo Guía, ha habido una postura histórica del CNP contra la censura, la autocensura, la persecución y agresión a periodistas, el cierre de medios, la elaboración de leyes que atenten contra los derechos humanos como la libertad de expresión, de conciencia, de asociación, libertad de cátedra, entre otros.

CONSIDERANDO

Que la presente legislación funciona para sus objetivos principales: la defensa y consolidación de una práctica periodística profesional, ética e independiente, adecuada a los estándares internacionales; la profesionalización del comunicador social mediante el estudio en las distintas universidades, de donde egresan los licenciados en Comunicación Social, y como guarda y custodia de la libertad de expresión de los ciudadanos venezolanos.

CONSIDERANDO

Que el periodismo venezolano alcanzó su consolidación como carrera universitaria a partir de 1972, cuando el Congreso de la República sancionó la primera ley de ejercicio de esta noble profesión, en la que se exigía una licenciatura como requisito mínimo. Con ello, se reconoció la importancia de la comunicación en la defensa de la democracia y la necesidad de quien tiene en sus manos la labor de buscar, procesar y difundir la información sea una persona formada para ello, con un título universitario de licenciatura que garantice información de calidad y ajustada a las buenas prácticas profesionales.

CONSIDERANDO

Que la actual legislación crea la noción de responsabilidad del que informa, es decir, que obliga al periodista a regirse por los principios establecidos por el Código de Ética y, en caso contrario, responder ante sus pares cuando no lo haga, mediante los mecanismos establecidos por los distintos tribunales disciplinarios que establece la ley.

CONSIDERANDO

Que en las últimas dos décadas, los periodistas hemos visto cómo nuestra profesión ha sido hostigada, perseguida y ahogada económicamente; que hemos visto reducirse el ecosistema de medios de comunicación a niveles insospechados; que hemos padecido del oscurantismo estatal en la entrega de información pública al momento de la recaudación de datos para nuestros reportes; que hemos sido testigos de cómo desde el poder se les entregan «premios» de periodismo a personas que no reúnen los requisitos de ley, pero que sirven de propagandistas de intereses ajenos al público, que hemos sufrido las consecuencias de las campañas de descrédito lanzadas desde medios, estatales y privados, contra medios; y que estamos viviendo el silencio informativo en los pocos medios independientes que hay, con zonas del país donde solo se escucha la voz del hegemón.

CONSIDERANDO

Que los códigos de ética entran en el campo de la deontología, o sea, de aquella parte de la ética que comprende los deberes y principios de una profesión.

CONSIDERANDO

Que solo entre periodistas es posible una discusión de tal naturaleza, tal como ocurrió en el año 2013 cuando en la XV Convención Nacional se hizo la última reforma del Código de Ética, en la que se contemplaron nuevas herramientas para hacer periodismo ‒como el digital‒, se adaptaron algunos artículos a la Constitución de 1999 y se modificaron otros en función de la claridad y de una sociedad pluralista, democrática e inclusiva. Ninguna alteración del Código de Ética hecha desde afuera e impuesta a espaldas del gremio es aceptable para nosotros.

El LVI Secretariado Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, en nombre de sus más de 25.800 agremiados, distribuidos en sus 26 seccionales en todo el país

ACUERDA

1.- Rechazar todo tipo de reforma que atente contra los principios fundamentales contenidos en la actual legislación y que vulneren la profesionalización, la independencia y el apego a la ética periodística, así como también a todo intento de alterar, a espaldas del gremio, los instrumentos legales concernientes a la colegialización y a la libertad de expresión.

2.- Ratificar la vigencia del Código de Ética del Periodista Venezolano, reformado en la XV Convención Nacional de 2013 y alertar que ningún ente externo al gremio periodístico tiene competencia para su modificación.

3.- Instar al órgano legislativo en funciones a hacer público el anteproyecto para su deliberación discusión por parte de los entes gremiales, académicos, estudiantiles y de activistas de los Derechos Humanos, puesto que una ley de esta envergadura tiene un efecto transversal en toda la sociedad venezolana.

4.- Invitar a los venezolanos a no llamar «periodistas» a aquellas personas que ilegalmente usurpan nuestro título, ya sea desde los medios alternativos o tradicionales, o desde las plataformas digitales, sino denominarlos difusores o infociudadanos.

5.- Exigirles a los medios de comunicación y a los entes gubernamentales o privados que tengan en sus estructuras cargos con funciones periodísticas a apegarse a la ley vigente, en cuyo Artículo 2 se establece que los periodistas deben ser licenciados en Comunicación Social y deben estar inscritos en el Colegio Nacional de Periodistas.

6.- Hacer un llamado al Ministerio Público para que actúe contra el ejercicio ilegal de la profesión de periodista, tal como lo ha hecho en otras que se rigen por leyes de ejercicio.

7.- Respaldar el comunicado de la Junta Directiva Nacional del CNP del 15 de julio fijando su posición sobre una posible reforma de la Ley de Ejercicio del Periodismo, en Venezuela.

8.- Exhortar a todos los gremios profesionales del país, a las universidades, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, a los estudiantes y a la sociedad civil en general a sumarse a nuestra causa en defensa de la Ley de Ejercicio de Periodismo, cuya vulneración pondría un ladrillo más en el muro de silencio y de censura que oprime a Venezuela.

9- Recordarles a todos los entes gubernamentales que la ley vigente establece que el CNP tiene que ser consultado como ente orientador de las políticas comunicacionales del Estado venezolano.

Finalmente, alertamos a todos los venezolanos del riesgo de perder su derecho a una información veraz, de calidad e independiente, hecha por profesionales de la comunicación social, si esta ley se reforma en las circunstancias anteriormente descritas. Asimismo, les recordamos a nuestros agremiados que tienen la obligación de evitar que se vulneren los principios de un periodismo responsable, ético e independiente, el cual ha tenido en los profesionales académicamente sólidos un bastión de la democracia y de las libertades de expresión, opinión, creación, asociación y conciencia en Venezuela.

LVI Secretariado Nacional del Colegio Nacional de Periodistas