En un irregular y clandestino remate judicial, contraviniendo todas las reglas procesales de las leyes venezolanas, el Tribunal 3ero. de 1era. Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la juez Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, le adjudicó directamente la propiedad de la sede del diario El Nacional y los lotes de terreno sobre los que esta se encuentra construida, a Diosdado Cabello Rondón. La juez es hermana del Contralor General de Maduro, Elvis Amoroso Hidrobo. 

La información la ha dado a conocer Miguel Henrique Otero, presidente y director del diario El Nacional, quien confirmó que la acción se realizó el pasado 27 de enero de 2022, sin haberse publicado de manera regular los carteles de remate en los que debe informarse públicamente el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas; de espaldas a El Nacional y a su representante judicial; y sin la presencia de ningún testigo sino solo del abogado del demandante: Alejandro Castillo Soto.

Otero afirma que esta adjudicación ilegal, por la irregular forma en que se ejecutó, bien puede calificarse de “robo judicial” y se completa parte de la condena impuesta a este diario por los supuestos daños morales causados cuando, en ejercicio legítimo de su periodismo de investigación, este periódico transcribió un artículo del diario español ABC donde se afirmaba que funcionarios estadounidenses investigaban a Cabello por  presuntos vínculos con el narcotráfico.

"El juicio de difamación por la nota publicada nunca avanzó, ni siquiera adjuntaron el recorte de la noticia aparecida en ABC, y nunca tomaron en cuenta que en base a esa investigación la DEA estableció una recompensa de diez millones de dólares para aquella persona que colabore con la captura de Cabello", dice Otero.

El presidente y director del diario El Nacional explica que la indemnización inicial contra El Nacional, que se había acordado a favor de Cabello y este había aceptado quedando en consecuencia firme y con valor de cosa juzgada desde el año 2018 por el monto de 10 mil bolívares soberanos (Bs. S. 10.000,oo; hoy 0,1 bolívares digitales), fue intempestivamente modificada, como consecuencia de un infundado avocamiento de la Sala de Casación Civil del TSJ.

Así, la cifra habría transformado el monto de condena definitiva, en la inverosímil cifra de doscientos treinta y siete mil Petros (237.000 Ptros.) que al cambio del momento equivalía a 13 millones de dólares, "lo cual, suspicazmente ocurrió, justo en el momento en que el Capitán Diosdado Cabello era designado presidente de la comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano", acota Otero.

"De esta forma se concreta el despojo o arrebato judicial que de su sede natural, es víctima El Nacional, litigando en contra del presidente de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, justo en el Tribunal de la hermana del Contralor General de Nicolás Maduro, todo por defender la verdad", concluye Miguel Henrique Otero.