Artículo original escrito por el embajador Fernando Gerbasi para el libro

Transición en Venezuela. Apuntes para la reconstrucción institucional

editado por Venezuelan Press en 2017

 

No cabe duda que el entorno internacional, sea este favorable o por el contrario hostil, es de la mayor importancia para el relacionamiento externo de cualquier país. Esto es más valedero si el país atraviesa por situaciones excepcionales como consecuencia de situaciones políticas internas, revoluciones, golpe de Estado, confrontación militar externa, o porque la población enfrenta un régimen totalitario o dictatorial y pretende restablecer el sistema democrático al interior de sus fronteras.

Hoy más que nunca, como consecuencia directa de la globalización e interdependencia entre las naciones, el entorno internacional no es para nada indiferente a lo que pueda ocurrir al interno de las naciones. Cuando se insiste en que vivimos en un mundo interdependiente, lo que estamos indicando es que una crisis que surge en algún lugar del mundo se convierte en crisis en muchos otros lugares. La interdependencia entre las naciones también significa que cualquier medida que adopte un país que pueda trascender sus fronteras tendrá consecuencias, positivas o negativas, sobre las políticas de otro país independientemente de su localización geográfica. Es por todo esto que, se quiera o no, en momentos particulares o de crisis de un país, el entorno internacional reacciona a través de los mecanismos internacionales acordados al efecto para tratar de normalizar la situación o, en su defecto, paliar los que podrían calificarse  como posibles daños colaterales.

Hoy por hoy, la agenda internacional, concebida como estrategia común de acción, establece como prioridades la defensa y promoción de los derechos humanos a nivel internacional, la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el cambio climático. Empero, esta agenda no es realizable sino a través de la cooperación entre los países y si posible, países democráticos. Es por eso que la comunidad internacional le da la mayor importancia al origen democrático de los gobiernos, es decir, a gobiernos que emerjan directamente de procesos electorales. En verdad, el desempeño democrático de los gobiernos interesa poco o nada al mundo siempre y cuando se guarden ciertas apariencias como son esencialmente la realización de elecciones, la división e independencia de poderes, la libertad de expresión y el respeto de los derechos fundamentales de la población.

Lo anterior fue claramente formulado por el profesor Fernando Mires, en un ensayo publicado en  setiembre de 2009, titulado “La Híbridocracia o las dictaduras del siglo XXl”[1]. En él nos decía que para la comunidad internacional no importa tanto que un gobierno sea democrático, sino que lo parezca. “La híbridocracia es la forma como tienden a presentarse las dictaduras post- modernas.”…“las dictaduras hibridocráticas no sólo son electorales; además, son electoralistas. Muchas veces –sobre todo cuando saben que el triunfo es seguro- los gobernantes de las híbridocracia realizan elecciones fuera de fecha y programa. La elección ha sido así convertida en un medio que sirve para refrendar el poder cada vez que el autócrata lo requiere. Aunque parezca paradoja: las elecciones en las híbridocracia no son hechas para elegir sino para legitimar”.  Y al respecto concluye, “las híbridocracia no suprimen las elecciones, sólo las pervierten. Después de todo al mundo ‘democrático’ eso no le importa. Lo importante es que se realicen elecciones cada cierto tiempo. Nada más”.

Si alguien comprendió cuán importante para sus objetivos políticos era el entorno internacional fue Hugo Chávez. El reconocimiento y apoyo internacional fue parte esencial de la evolución y fortalecimiento interno de la revolución bolivariana. El profesor Alberto Garrido, en su libro “Las guerras de Chávez”[2], sentencia lo siguiente: “La evolución del proceso revolucionario bolivariano es indisolublemente nacional-internacional. Eliminarle una de sus dos características mutila cualquier intento de aproximación a su naturaleza”.

Ahora bien, este reconocimiento y apoyo, en la gran mayoría de los casos, no fue sino resultado de la acción internacional emprendida por el gobierno, ya fuese a través de su política exterior por medio de la cual se relacionó con gobiernos o de su vinculación directa con otros actores, especialmente actores sociales de otros países. Esta acción internacional respondió a los cambios que se produjeron al interior del país así como a los avances y retrocesos que tuvo la propia revolución bolivariana. Su soporte fueron los excedentes financieros petroleros que se obtuvieron a partir de 2003[3], como consecuencia del alza inusitada pero sostenible en el tiempo de los precios internacionales de los hidrocarburos. Adicionalmente, se utilizó la faja bituminosa del Orinoco para forjar importantes alianzas geoeconómicas, permitiendo que en su explotación participaran empresas de terceros países de la región como fuera de ésta. Financiar la solidaridad internacional, con los ingentes recursos petroleros, no comportó límites éticos o morales para la llamada revolución bolivariana.

Si bien esta acción internacional tenía como objetivo por una parte consolidar frente a la opinión pública mundial lo que se hacía al interior del país, por la otra, la finalidad era situar a Chávez como líder indiscutible de la izquierda internacional. En definitiva, todo ello obedeció a un proyecto político personalista y no a una política del Estado venezolano.

Sin embargo, a raíz de la muerte de Hugo Chávez y la elección de Nicolás Maduro a la presidencia de la República en 2013, el entorno internacional favorable al gobierno venezolano, por acción u omisión, comienza a cambiar.

A continuación señalaremos una serie de hechos que contribuyeron a que la comunidad internacional percibiese al gobierno nacional como el verdadero responsable de la crítica situación político-institucional y socio-económica por la cual atraviesa Venezuela.

La violenta represión desatada, a partir de febrero de 2014,  contra los opositores hizo más evidente el desprecio del gobierno de Maduro por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Esta represión llevó a la cárcel por la defensa de sus ideas e ideales,  a un número importante de personas lo que hace que al 15 de abril de 2017, y de conformidad con la Organización No Gubernamental Foro Penal Venezolano, el número de presos políticos en el país sea de 147[4], entre los cuales destacan Leopoldo López y Antonio Ledezma.

La negativa reacción del gobierno de Maduro frente al extraordinario triunfo electoral de la oposición venezolana en las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar el 6 de  diciembre de 2015, al desconocer el rol fundamental de la Asamblea Nacional en materia de legislación y de control sobre el gobierno y la administración pública. A tales efectos utilizó al Tribunal Supremo de Justicia, que a través de 51 sentencias adoptadas a partir del 31 de diciembre de 2015,  ha dejado sin efecto la gran mayoría de las decisiones de la Asamblea Nacional.

Las artimañas jurídicas utilizadas por el oficialismo para evitar, a toda costa, la realización del referendo revocatorio presidencial en el año de 2016, tal como lo prevé el Artículo 72, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La no realización de las elecciones regionales en el 2016. De conformidad con la ley, las elecciones para gobernadores deberían haberse celebrado en diciembre de 2016; no obstante, el Consejo Nacional Electoral las postergó para el primer semestre de 2017, pero aún no ha fijado el calendario electoral para esas elecciones regionales, como tampoco para las elecciones municipales que han de celebrarse en el segundo semestre de 2017.

La grave crisis por la cual atraviesa Venezuela. A la crisis político – institucional existente, se agrega una crisis humanitaria consecuencia de la escasez de alimentos esenciales y de medicamentos, a lo que hay que añadir la inflación más elevada del mundo desde el año 2015. Como consecuencia de todo ello y según un estudio conjunto de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, ambas universidades públicas, y la Universidad Andrés Bello, de carácter privado, para el año 2015, el 81% de la población (25.7 Millones de 31.1 millones) se encontraba ya en situación de pobreza y el 34% de éstos, en pobreza extrema. Venezuela se está convirtiendo, a pasos agigantados, en un país de pobres.

Los cambios de gobierno en Argentina, Brasil y Perú y consecuentemente de postura frente a lo que acontece en Venezuela. También los cambios en el entorno geopolítico, como en el caso de Colombia, por mencionar un importante país fronterizo, que está volcada a la ejecución de las medidas acordadas en los Acuerdos de Paz suscritos por el gobierno de ese país con las FARC-EP, por lo que no le es conveniente una situación de convulsión política o social en Venezuela.

El rotundo fracaso del diálogo entre el gobierno y la oposición que se inició el 30 de octubre y transcurrió hasta el 6 de diciembre de 2016, como consecuencia del incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos alcanzados. Este diálogo que fue impulsado por la UNASUR, utilizando como mediadores a los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, al cual se unión posteriormente el Vaticano a  solicitud de la oposición venezolana, fue utilizado por el gobierno para ganar tiempo, evitar las manifestaciones pacíficas emprendidas por la oposición a partir del mes de septiembre y enviar un mensaje distorsionado a la comunidad internacional de ser un gobierno democrático, pacífico y dialogante decidido a buscar soluciones consensuadas a los acuciantes problemas que confronta la población.

La admirable campaña internacional emprendida por Lilian Tintori y la familia de Leopoldo López, denunciando ante gobiernos, parlamentos y la opinión pública mundial, el estado de cosas negativo en materia de derechos humanos en Venezuela. A esta campaña se unió oportunamente Mitzy Capriles, esposa de Antonio Ledezma, así como sus hijas. Igualmente hay que destacar en esta fundamental labor de denuncias, lo hecho hasta ahora por las ONG venezolanas que se ocupan de derechos humanos como el Foro Penal Internacional, COVAFIC, Provea, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela, Codevida y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre otros.

La labor de denuncia internacional emprendida, en particular frente a la OEA y países latinoamericanos, por parte de diputados y líderes de la oposición, denunciando los atropellos políticos, judiciales y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno nacional.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó, en junio de 2016, un primer informe sobre la situación en Venezuela de cuya exposición verbal conviene destacar los siguiente: “Estará en nosotros elegir el camino sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, decidir si el pueblo de Venezuela puede recibir asistencia humanitaria a través de una canal internacional, si le damos la posibilidad al pueblo de Venezuela de elegir su destino, o se lo negamos.

Conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y en pleno cumplimiento del derecho internacional y de las disposiciones de esta Organización, y en mi calidad de Secretario General, solicito al Consejo Permanente que realice ‘una apreciación colectiva de la situación’ en Venezuela y adopte las decisiones que estime conveniente”. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocado a tales efectos, no tomó decisión alguna sobre esta materia aunque para algunos, al adoptar el orden del día tal como planteado por el Secretario General, ponía en marcha la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

En marzo de 2017, Luis Almagro presentó un informe de seguimiento para detallar el deterioro de la situación en Venezuela. Al final de este informe señalaba lo siguiente: "Aprobar la suspensión del desnaturalizado gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia".

Las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, publicadas el 28 y 29 de marzo de 2017, por medio de las cuales se anulaban las competencias de la Asamblea Nacional y se traspasaban al propio TSJ, a la vez que se otorgaban poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil a Nicolás Maduro, generaron una reacción de rechazo generalizado a nivel internacional. Esta reacción fue avalada por las declaraciones de la propia Fiscal General de la República que dijo: “En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional… lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

Este rechazo y condena internacional obligo al presidente Maduro a convocar de urgencia al Consejo de Defensa de la Nación, que culminó en la madrugada del 1º de abril de 2017, con un comunicado en el que, entre otros acuerdos, exhortaba al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes. El TSJ actuó en consecuencia y procedió a modificar las sentencias en cuestión. Este retroceso inconstitucional del TSJ, no fue óbice para que los cancilleres del MERCOSUR, reunidos en Buenos Aires decidieran el 2 de abril, aplicar a Venezuela la cláusula democrática prevista en el Protocolo de Ushuaia.

Además, el Consejo Permanente de la OEA, en reunión extraordinaria celebrada el 3 de abril de 2017, aprobó una Resolución en la que urge al gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional. Igualmente, decidió apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y del Estado de Derecho en el marco constitucional de Venezuela y convino seguir ocupándose de la situación y emprender, en la medida que fuese necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática de conformidad con la carta de la OEA y CDI, incluyendo la convocatoria de una reunión de la Organización a nivel ministerial.

Consecuentemente, se puede afirmar que la Carta Democrática Interamericana está en plena vigencia y la OEA le está haciendo seguimiento a la situación interna del país, por lo que podrá realizar gestiones diplomáticas, ya sea a través de la creación de lo que se denomina un grupo de países amigos –propuesta realizada por Perú- con la finalidad de tratar de avenir al gobierno y a la oposición en la búsqueda de soluciones concertadas para hacer frente a la polarización, crisis política, institucional y humanitaria; o a través del envió de una misión a Venezuela o llegar, como consecuencia de la profundización de la crisis y la no voluntad expresa del gobierno de no aceptar las gestiones diplomáticas, a suspender a Venezuela de la propia OEA.

Es importante destacar que hoy en día, tanto en Venezuela como en la esfera internacional el gobierno de Maduro, como consecuencia de la represión y de su intransigencia de cumplir con lo pautado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es calificado de dictadura. Esta apreciación facilita en mucho el que la comunidad internacional apoye, como lo ha venido haciendo, las propuestas de la MUD para poder supera la actual crisis, es decir, que se proceda a la inmediata liberación de todos los presos políticos, a una separación real de poderes, a la creación de un canal humanitario y al establecimiento de un calendario electoral para que sean los venezolanos lo que decidan, por vía del voto, cuál gobierno darse.

En el proceso de transición hacia la democracia, la presión internacional es fundamental pero por si sola no es ni puede ser suficiente. Requiere de la puesta en ejecución de una clara estrategia de acción al interior del país, tal como lo viene haciendo la oposición venezolana. Manifestar, de manera pacífica y permanente, para exigir libertad y reclamar sus derechos, en particular para resolver su propio destino, es y ha sido la manera que han encontrado los pueblos para alcanzar el restablecimiento del sistema democrático en sus países y el pueblo venezolano no escapa a este proceso.

Si de algo está consciente el gobierno venezolano es de que cada día está más aislado internacionalmente. Hoy en día constata que  no lo apoyan o lo repudian, como consecuencia de la permanente y sistemática violación de los derechos fundamentales de los venezolanos; de la represión a las manifestaciones pacíficas de los ciudadanos; por la existencia de los ciento y tanto presos políticos y, por no reconocer la crisis humanitaria y no aceptar la ayuda internacional para solventarla.

Es verdad que la solución solo está en manos de los venezolanos, pero en un mundo globalizado e interdependiente la actitud que asuman otros gobiernos, así como la opinión pública internacional, tendrá gran influencia. Por otra parte, no cabe duda de que frente a la destrucción del aparato industrial y agrícola, Venezuela va a requerir de la cooperación internacional que con toda seguridad muchos países, tanto de la región como fuera de ésta, están dispuestos a dar. Los demócratas venezolanos, hoy mucho más que ayer, cuentan con el apoyo y respaldo a nivel mundial.

[1] Fernando Mires (2009). “La Híbridocracia o las dictaduras del siglo XXl”. Analítica .com  22 de septiembre de 2009. http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/6759098.asp

[2] Garrido, Alberto (2006). Las guerras de Chávez. Rayuela Taller Ediciones. Caracas. Venezuela.

[3] De conformidad con el Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Octubre de 2015, el régimen bolivariano manejó, entre el año de 1999 y 2014, algo más de 1.3 billones de dólares.

[4] https://foropenal.com/presos-politicos

 

Fernando Gerbasi

In Memoriam (+01/11/2021)

Embajador jubilado. Economista, Universidad de Ginebra y Maestría en Relaciones Internacionales, CEDS, París. 34 años en el Servicio Exterior venezolano al que renunció en el año 2002. Viceministro de Relaciones Exteriores, dos veces Embajador en Colombia y en Italia, Embajador en Brasil, en la RDA, en las CEE, en la FAO y en las Naciones Unidas, Ginebra. Director del Centro de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (CEERI), 2005 - 2009 y Profesor, Universidad Metropolitana, Caracas. Presidió, de 2003 a 2007, el Grupo de Expertos Eminentes de la FAO-IPGRI que creó el Fondo Mundial para la Diversidad de los Cultivos, Bonn.