La lamentable muerte de Dave Capella y de su padre, así como las desdichadas y censurables palabras de Jean Mary Curró y José Alejandro Goncalvez han servido como la favorable excusa del régimen de Nicolás quien, como hizo su mentor, el desaparecido Hugo Chávez, siempre ha sabido utilizar el odio para los fines totalitarios de su agenda.

Pero esta vez, ni ese odio desatado en redes sociales, ni la cantidad de mensajes vertidos sobre quienes no tuvieron la empatía necesaria, ni la formación comunicacional para contrastar la fuente y verificar los datos (no son periodistas), han sido utilizados por la marioneta del poder, Tarek William Saab, quien está sentado en la silla del Ministerio Público a conveniencia del “Gran Hermano” venezolano, para culminar lo que se inició con la llamada Ley Resorte de 2004, que conllevó a la censura de todos los medios de comunicación tradicionales en el país.

Maduro, desde 2017, después de la instalación de la írrita Asamblea Nacional Constituyente, ha impulsado la regulación del uso de las redes sociales en el país para sancionar a quienes cometan “delitos de odio”. Su Vicepresidente, Delcy Rodríguez, declaró ese año:

“Va a estar incorporado en esta ley lo que tiene ver con la regulación de la emisión de mensajes de odio e intolerancia y fuertes sanciones cuando se esté en presencia de un delito de odio y de intolerancia”.

Ahora, en 2021, una vez instalada la madurista Asamblea Nacional, elegida en fraudulentos comicios el pasado 6 de diciembre, Maduro aprobó 33 propuestas de ley, entre ellas la polémica nueva organización territorial y de participación ciudadana basada en comunas, la ley de cooperación internacional que regulará el funcionamiento de las ONG, la ley del ciberespacio para regular internet y la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio Televisión, Redes y Medios Electrónicos, según palabras del mismo dictador:

“Aquí se va a agregar un capítulo especial para las redes sociales y de la responsabilidad social de las redes sociales en territorio venezolano. Pendiente y mosca todo el mundo”.

Ya en Venezuela es común el bloqueo selectivo a portales de noticias opositores y la detención y procesamiento criminal a twiteros por emitir mensajes en contra del gobierno, amparados en la, también polémica, ley contra el odio, sancionada en 2017 por la Asamblea Constituyente Madurista.

La acusación y orden de captura emitida por el fiscal general contra Jean Mary Curró y José Alejandro Goncalvez es una jugada política que funcionará como la guinda del pastel para darle el impulso final a la excusa mediática que desea el régimen, pasando a sancionar la Ley que llevará la censura a un nuevo nivel, a la par de Cuba, China y Norcorea.

Todo esto ocurre mientras la fiscalía y el resto de autoridades competentes permiten que criminales de la talla de “El Coquí”, “Garbis” y “Vampi” mantengan urbanizaciones completas de la capital en permanente asedio de ráfagas de ametralladoras y diversidad de armas de alto calibre; así como las milicias pertenecientes a la disidencia de las FARC mantienen en estado de guerra muchos pueblos fronterizos de Apure generando miles de desplazados y muerte.

La mesa está servida, el régimen solo actúa con una agenda planificada, espera el momento perfecto para accionar y dar el giro de tuerca; eso debemos tenerlo claro; sin quitarle importancia ni justificar el grave error cometido por Curró y Goncalvez, también por columnas de chismes que publicaron una información falsa y pusieron en duda la honestidad de un presentador de TV, en un momento de absoluta debilidad y que a consecuencia de esto la organización GoFundMe suspendió la recaudación que estaría destinada a sufragar unos costes que hoy son deuda y reposan sobre los hombros de una viuda y madre que perdió a su familia más cercana.