El canje del carnet de conducir venezolano en España, un logro de la comunidad venezolana en España donde los haya, acaba de cumplir 16 años, la edad en la que -cual adolescente- todo se transforma. Lo único claro en su estertor es que quienes lograron una cita antes del 15 de marzo de 2021, podrán acabar su proceso. Lo confirmó el Embajador del Gobierno legítimo de Venezuela en España, Antonio Ecarri Bolívar, el mismo 15 de marzo en rueda de prensa, último día de la aplicación del convenio bilateral tal y como lo hemos conocido. Se lo confirmó el Gobierno de España. Lo que viene ahora (cuándo y cómo), no lo sabemos, pero sin duda, será diferente. Esta es la historia del canje del carnet de conducir venezolano en España: de principio a fin.

2004: El principio

Cuando Juan Guaidó apenas ponderaba la posibilidad de sumarse a la dirigencia estudiantil, y José María Aznar se enfrentaba en una inolvidable contienda electoral a José Luis Rodríguez Zapatero, la comunidad venezolana ya convocaba manifestaciones de calle pidiendo la firma del convenio bilateral. Canarias encabezaba y Madrid secundaba. Los venezolanos no superaban los 90.000.

Comunicados, firmas online y exhortos se entregaban al Gobierno nacional y a las autoridades regionales, pero las respuestas llegaban a conveniencia de encuestas y sondeos. Los intereses y las prioridades de los Embajadores -la venezolana Gladys Gutiérrez en Madrid y el español Raúl Morodo en Caracas- campaban por otros derroteros.

2005: La conquista

El 12 de abril, la Embajada de Venezuela en España adelantaba, vía nota de prensa, la información de la firma del convenio. Rodríguez Zapatero lo confirmaba el 27 de abril y la rúbrica se plasmaba en Caracas el 16 de mayo. En junio lo aprobaba el Consejo de Ministros español.

El 26 de agosto se producía la última notificación cruzada entre las partes comunicándose el cumplimiento de los requisitos internos necesarios. A Venezuela la representaba el ministro de Exteriores, Alí Rodríguez Araque, y a España, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera Sánchez-Capitán.

La oficialidad llegó el 2 de septiembre, cuando el BOE publica el intercambio de Cartas entre el Reino de España y Venezuela sobre el reconocimiento recíproco para el canje del carnet de conducir venezolano en España. La felicidad de las ya entonces 116.000 almas venezolanas en España también hacía historia.

Inmediatamente, la Dirección General de Tráfico española (DGT) envió al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre venezolano (INTTT), el certificado digital que contenía los códigos para comenzar a realizar el proceso de transmisión de datos. Era el último paso de un protocolo que debía arrancar en enero de 2006. Pero España no sabía lo que le esperaba. Con el INTTT había topado.

2006: La primera piedra

Corría ya abril y el INTTT seguía sin responder. Un tema que estaba resuelto, se retrasaba por falta de voluntad política (venezolana), o de las claves encriptadas, que era lo mismo. Hubo que nombrar interlocutores, volver a enviar comunicados y exhortos. Paraguay y República Dominicana, que ni siquiera pensaban en firmar el canje del carnet de conducir cuando Venezuela ya había comenzado el proceso, lo acabaron antes.

Cuando las frases “en punto muerto” y “mareando la perdiz” comenzaron a ser habituales en los titulares para definir el estado del proceso venezolano, el INTTT renombró a los interlocutores. Argenis Martínez, Daniel Abdul, Nancy Rondón, otra vez Argenis Martínez y algunos otros pasaron por tan singular “cargo”, que en más de un momento quedó vacante.

El tema “revivió” cuando Rodríguez Zapatero, en la pre campaña para las elecciones Canarias, lo retomó en una comparecencia ante el Pleno del Congreso, y aseguró que “está próximo a concluir el trámite diplomático entre ambos países”. Voluntad política (española). Es que los venezolanos ya sumaban 124.000, buena parte de ellos, en Canarias.

2006: Prueba superada

En España cantábamos Opa yo viace un corrá de Koala cuando supimos que ya podíamos ingresar en la web de la DGT para pedir nuestra cita -yo entre las primeras-. Ese verano se batían récords de temperatura en Europa, pero no era impedimento para dejarse la piel “literalmente” en el teclado hasta que el sistema respondiera, lo entendiéramos y completáramos el engorroso formulario –el mismo que ahora-.

El “canje de permisos” –que no homologación- significa que un país reconoce la validez de un permiso emitido por otro. En el caso que nos ocupa, España reconoce el permiso de Venezuela como adecuado para conducir en carreteras nacionales -y Europeas-, al igual que reconoce el de Argelina, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Marruecos, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Uruguay, Brasil, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Serbia, Turquía, Túnez, Ucrania y Macedonia. Sin distinción ni excepciones.

Mediante este convenio, los países firmantes permiten que sus nacionales conduzcan de manera legal en otros territorios. Y de su fiel cumplimiento dependen vidas, por eso es tan estricto.

Entre los requisitos sine qua non, destacan que el titular debe tener un permiso válido y en vigor; que la fecha del permiso debe ser anterior a la de residencia; que no es necesario presentar pruebas adicionales para canjear premisos hasta la clase “B”; y que se deben realizar las formalidades administrativas establecidas en la normativa de cada Estado, tales como rellenar un impreso de solicitud, presentar un certificado médico, un certificado de inexistencia de antecedentes penales o administrativos y el pago de la tasa correspondiente.

En caso de existir dudas fundadas sobre la autenticidad de los permisos, el convenio estipula que la parte que realiza el trámite puede pedirle a la otra la comprobación de su autenticidad. También establece que, si una cambia los modelos de los permisos, debe notificarlo a la otra para su debido conocimiento con, al menos, treinta días de antelación.

Venezuela, con la firma del convenio, se comprometió también a informar sobre la autenticidad de los permisos en un plazo inferior a 8 días naturales contados a partir del día siguiente de la recepción del mensaje. Dichos mensajes, tanto de petición como de respuesta, debían ir firmados y cifrados utilizando los certificados de identidad electrónica expedidos al efecto, como garantía de confidencialidad, autenticidad y no repudio. El mensaje de petición constaría de una relación en fichero adjunto con formato texto y codificación ASCII (ISO 8859-1 Latin-1), con registros de longitud fija con carácter de fin de registro: Carácter 13 + Carácter 10.

2018: La segunda piedra

Inexistentes respuestas, fallidas comprobaciones, mafias que cobraban por canjear el carnet y constantes cambios en el formato nunca notificados por el INTTT (incluido un PDF imposible de verificar) durante 14 años colmaron la paciencia de la DGT, que aguantó todo lo que pudo por mantenerlo vigente, hasta que perdió no solo la esperanza de que Venezuela cumpliera la letra, sino la confianza, que diplomáticamente hablando, es peor.

“Se informa, por orden de la DGT, que a partir del 8 de junio de 2018 quedan suspendidos temporalmente, los canjes del convenio con Venezuela”. Así se enteraban los ya casi 250.000 venezolanos en España que, por negligencia de su desgobierno, perdían de nuevo otro derecho. Ese día suspenden el canje del carnet del conducir venezolano en España y la palabra "Venezuela" de la web de la DGT. Bastante más repercusión tuvo esta pérdida que la del diplomático que firmó la carta. Rodríguez Araque moría cinco meses después en La Habana, sin pena ni gloria.

Y como un déjà vu, los venezolanos volvíamos a los comunicados, firmas online y exhortos para pedir lo mismo que en 2004, pero en 2018. Los que quedaron en medio del proceso vivieron un calvario que incluyó, en ocasiones, hasta ingresar en la web de la DGT con nacionalidad alemana –por decir alguna- para poder culminarlo, mientras veían que el Gobierno venezolano, para enmendar su error, no estaba. Tampoco lo esperaban.

2019: La remontada

El 17 de julio, a los venezolanos en España nos volvió el alma al cuerpo. Un oficio firmado y publicado por la DGT informaba sobre la reactivación del convenio. Un año estuvo el órgano, dependiente del Ministerio del Interior, estudiando una decena de fórmulas para darle respuesta a las constantes demandas de los venezolanos en España, que ya se contaban en más de 300.000 y pedían una solución a este problema. Lejos de un capricho, el carnet de conducir -para un colectivo tan necesitado- significa una herramienta indispensable de inserción social y laboral.

El proceso necesitó, incluso, la mediación del Embajador del Gobierno legítimo de Venezuela en España, Antonio Ecarri Bolívar, que en fiel representación de su comunidad, durante tres meses puso sobre la mesa diferentes alternativas. El 12 de abril supimos que los venezolanos en España pronto volverían a canjear su carnet de conducir, después de que Ecarri se reuniera con el Director General de Tráfico, Pere Navarro. El encuentro fue determinante. Contarle personalmente el lado humano de la tragedia marcó un antes y un después en la negociación. Y así, se reactivó. Es lo que tiene la voluntad política, cuando es compartida.

Pero el Gobierno de España le advirtió entonces a la comunidad venezolana: “Si existieran dudas sobre la autenticidad de la licencia venezolana, se contactará con el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil para su evaluación e informe. Y volveremos a suspender el convenio”. Se lo hizo saber a través del Despacho del Embajador Ecarri, que lo anunció en rueda de prensa aquel 17 de julio.

2020: La desescalada

El convenio es taxativo. Pretender hacer excepciones es abrir la posibilidad a que otros países también lo pretendan. Por eso, solo se siguió aceptando el carnet plastificado, pero a estas alturas de la tragedia venezolana, la desventura llegaba también en formato PDF, junto a la desesperanza de muchos y la viveza criolla de pocos. Y así, en verano del 2020, en plena desescalada por la COVID-19, comenzaron a llover otras malas noticias: un rider detenido mientras cubría su ruta de trabajo, una conductora acusada sin saber por qué, un padre de familia en el calabozo como si fuera un delincuente, y sobre todos ellos –como si huir de una crisis humanitaria no fuera suficiente condena- la espada de Damocles: falsedad documental.

2021: El fin

A 15 de marzo de 2021, los venezolanos en España superamos los 500.000 y ahora tenemos un nuevo estigma, el que voluntaria o involuntariamente nos ha caído porque el Estado fallido que expide nuestros documentos es incapaz de imprimir uno con los estándares internacionales establecidos. A la fecha, más de 1.300 compatriotas estarían siendo investigados por este motivo, de los cuales 650 están o han estado en tribunales.

“Al Gobierno de España le hemos hecho llegar nuestra gran preocupación, toda vez que los venezolanos están acudiendo a este Despacho para mostrarnos su legítima inquietud. El perjuicio a la comunidad ya no estaría siendo solo la imposibilidad de canjear el carnet de conducir, sino que subyace el hecho de que quienes han sido acusados de falsedad documental por tener una licencia expedida por las autoridades venezolanas bajo criterios no contemplados en el convenio, están viendo vulnerados sus derechos y enfrentándose a un efecto indeseado que podría incidir negativamente en su renovación de residencia o asilo”, ha enfatizado a los medios de comunicación el Embajador Ecarri en su rueda de prensa.

Le toca volver a mediar con el Gobierno de España, por una solución al canje y por los justos. Las conversaciones ya han comenzado.