La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el continuo hostigamiento a defensores de derechos humanos y al personal médico en Venezuela, así como los efectos que la falta de electricidad y la crisis política y social tienen sobre la población.

La CIDH sigue recibiendo información sobre el continuo hostigamiento contra defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas que denuncian violaciones a los derechos humanos. Según la información proporcionada por organizaciones de derechos humanos, desde el 11 de marzo de 2018 hasta la fecha, se ha observado nuevamente una intensificación en el patrón de hostigamiento a raíz de declaraciones estigmatizantes por parte de autoridades del Estado, a través distintos medios de comunicación y redes sociales, que, de acuerdo con información presentada, en las últimas semanas al menos 5 personas que habían sido señaladas previamente en los programas de televisión han resultado detenidas, sin orden judicial.

La Comisión recuerda que las declaraciones estigmatizantes contra personas defensoras de derechos humanos pueden contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora, aumentando su vulnerabilidad. Por lo que insta al Estado a cesar con las detenciones arbitrarias y selectivas de defensoras y defensores de derechos humanos.

Recientemente, la Comisión ha recibido información sobre la represión llevada a cabo en perjuicio de profesionales de la salud, docentes universitarios y estudiantes de pre y postgrado de medicina que ejercen su profesión en los hospitales del sistema de salud pública, que documentan y denuncian la emergencia humanitaria. En particular, de acuerdo a la información presentada, funcionarios policiales, militares y colectivos armados, atacaron al personal médico que, ante la visita de la Misión de la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), exigían sus derechos en los centros hospitalarios. Como consecuencia, al menos 6 estudiantes universitarios de ciencias de la salud se han visto afectado su derecho a la educación y han sido expulsados de los centros hospitalarios donde prestaban servicios, sin que se haya respetado el debido proceso.

Por lo anterior, la CIDH expresa su profunda preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la protesta, libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia y derecho a la educación e insta al Estado a cesar la criminalización de las protestas pacíficas.

La Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) reiteran su preocupación por las graves afectaciones a los derechos humanos de los habitantes del país en el marco del apagón del sistema eléctrico, ocurrido con posterioridad al 7 de marzo de 2019, prolongado intermitentemente hasta el 13 de marzo de 2019, aproximadamente y que ha afectado nuevamente al menos a 20 estados del país entre el 26 y 31 de marzo de 2019.

La CIDH insta al Estado a dar respuesta inmediata a esta crisis y buscar formas de apalear los efectos de la falta de suministro eléctrico en el país, para lograr su pleno restablecimiento. En particular, la Comisión y su REDESCA subrayan el grave impacto que los cortes eléctricos sostenidos y periódicos pueden tener sobre el derecho a la salud y vida misma de algunos pacientes de hospitales, incrementando su situación de riesgo como consecuencia del existente desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, el deficiente funcionamiento de equipos, la mala condición de las instalaciones y el reducido personal sanitario. Esta situación se ve agravada por la también falta de provisión regular de servicios de agua potable y saneamiento como las graves consecuencias que se pueden generar para el derecho a la alimentación, en particular de niños, niñas, adolescentes, personas mayores y aquellas con ciertas enfermedades y patologías médicas, e inclusive limitaciones al derecho al trabajo como consecuencia del recorte de la jornada laboral anunciada por el gobierno por causa de este problema.

Asimismo, la CIDH y su REDESCA observan con preocupación que debido a la falta de energía eléctrica se ha producido una paralización sustancial de las actividades académicas durante el mes de marzo. Según la información proporcionada por las Organizaciones de la Sociedad Civil, en el mes de marzo de 2019, los estudiante de educación básica y secundaria solo tuvieron 6 días de clases. En cuanto a las instituciones de educación superior, la Comisión fue informada que las universidades autónomas se vieron en la necesidad de suspender sus actividades con posterioridad a cada apagón y que hasta la fecha no existe un reporte sobre los días que permanecieron cerradas, ni de los planes de recuperación de las actividades académicas.

La CIDH y su REDESCA recuerdan que el derecho a la educación es considerado como el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, sirviendo de catalizador para generar una ciudadanía crítica y participativa así como para influir el propio desarrollo de las personas y las sociedades. En particular, en la enseñanza superior, la libertad académica de docentes y estudiantes como la autonomía de las instituciones son pilares fundamentales para fortalecer las estructuras democráticas y evitar presiones o intervención de naturaleza política. La Comisión también resalta que el derecho a la educación permite atenuar el impacto psicosocial en situaciones de emergencia o conflicto, reforzar la capacidad de ayuda a las personas afectadas en el contexto de crisis y ofrecer herramientas para la estabilidad y reconstrucción social.

Por otra parte, la CIDH reitera su preocupación ante el cierre de los pasos fronterizos entre Venezuela, Colombia y Brasil, decretado por el Estado venezolano el 22 de febrero de 2019 y el impacto que este tipo de medidas pueden tener sobre el derecho de cualquier persona a salir del territorio de su país, así como el derecho a buscar y recibir asilo. En este sentido, la Comisión exhorta nuevamente al Estado a adoptar todas las medidas necesarias restablecer los pasos fronterizos y garantizar el derecho de todas las personas a salir del territorio venezolano, así como de solicitar y recibir asilo o protección complementaria.

En consonancia con lo anterior, la CIDH expresa su preocupación con relación a las múltiples dificultades y obstáculos que enfrentan las personas venezolanas para obtener o renovar sus pasaportes, así como para la expedición de otros documentos como cédulas de identidad, partidas de nacimiento, certificados de nacido vivo, certificado de antecedentes penales o el trámite de apostilla de documentos. La CIDH sigue recibiendo información que indica que las personas venezolanas enfrentan múltiples dificultades para la tramitación o renovación de estos documentos. La CIDH insta al Estado venezolano a garantizar los derechos a la personalidad jurídica e identidad mediante la emisión oportuna de los documentos antes descritos, así como el acceso y goce de otros derechos en Venezuela y los países de la región.