Venezolanos en Cataluña piden expulsión del cuerpo consular en Barcelona
Tal y como lo han expresado de manera categórica la mayoría de gobiernos de países representados en la Organización de Estados Americano (OEA), así como del importante Grupo de Lima y la misma Unión Europea, las diversas agrupaciones de venezolanos que realizan actividades en la Comunidad de Cataluña le han solicitado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se inicie el proceso de expulsión del cuerpo consular venezolano acreditado en Barcelona y cuya circunscripción es Cataluña, Islas Baleares, Valencia y Aragón, debido a que el mismo representa el poder usurpado desde este jueves 10 de enero por Nicolás Maduro.
La petición ha sido firmada por organizaciones no gubernamentales cuyas actividades se centran en la defensa de los Derechos Humanos, la recolección y envíos de medicamentos, la difusión de la cultura y los lazos de hermandad entre los pueblos españoles y venezolanos, y la promoción de los valores democráticos en Venezuela, así como por representaciones de los partidos políticos venezolanos que hacen vida en Cataluña y otras comunidades en España, solicitan al Gobierno español, además, reconocer a la Asamblea Nacional como único poder electo, legítimo y constitucional, capaz de asumir la representación de Venezuela e interlocución ante la comunidad internacional.
En documento público que han hecho llegar a las autoridades españolas, las ONG y representaciones de organizaciones políticas venezolanas explican, como representantes de las principales organizaciones de la comunidad de venezolanos residentes en Cataluña, que a partir de este jueves 10 de enero correspondería el inicio de un nuevo periodo presidencial en Venezuela: 2019–2025, pero que “tal y como fue alertado por la Asamblea Nacional –único órgano de poder legal y legítimo en Venezuela- y por la comunidad internacional, este nuevo periodo presidencial correspondería a un proceso electoral -el celebrado el pasado 20 de mayo 2018– viciado de irregularidades al haberse celebrado sin la participación de todos los actores políticos, sin la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías necesarias para un proceso libre, justo, imparcial y fiable”.
Como consecuencia de tales irregularidades, las organizaciones venezolanas firmantes del documento subrayan que no existe un presidente electo en Venezuela, razón por la cual no puede existir una toma de posesión para un nuevo periodo presidencial, como ha pretendido llevar a cabo Nicolás Maduro Moros con su autoproclamación ante el ilegítimo y secuestrado Tribunal Supremo de Justicia, y que por ello Maduro Moros estaría incurriendo “en usurpación de poder”. Más adelante explican que, según lo establecido en el artículo 138 de la Constitución venezolana, “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos”.