Los más de dos mil pensionados y jubilados venezolanos en España agrupados en la Federación de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en España (FAPEJUVES), se solidarizan con sus homólogos en Venezuela ante la deuda que mantiene el Gobierno venezolano con este colectivo, tanto dentro como fuera del país. En el caso de los que se encuentran en el territorio, el cobro de las pensiones está siendo cada vez más difícil debido a los retrasos y fraccionamientos, mientras que quienes están en el exterior tienen una deuda acumulada que asciende a las 40 pagas, entre mensualidades y bonos.

"Al Gobierno venezolano no le importa si comemos o no, si seguimos vivos o no. Es la indolencia llevada al extremo, el abandono a su suerte de quienes le dimos nuestra vida al país y ahora no tenemos un pago digno y justo por tantos años de trabajo" explica Pedro Ontiveros, presidente de FAPEJUVES y de la Asociación de Pensionados y Jubilados venezolanos en Madrid (ASOPEJUVECMA).

El fraccionamiento, retraso e impago de las pensiones es una violación flagrante al Derecho a la Seguridad Social, consagrado en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un derecho supranacional y de carácter universal que el Gobierno venezolano está violando, sin que ningún organismo nacional e internacional intervenga para solucionarlo de forma inmediata. Es, a nivel humano, una tragedia y una burla, además de una sentencia de muerte para quienes padecen enfermedades y viven de su pensión.

2.300 jubilados y ninguna respuesta

FAPEJUVES reúne a 2.320 jubilados y pensionados venezolanos en España, de los que 1.460 viven en Madrid y 860 repartidos entre las Asociaciones de Aragón, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, País Vasco y Valencia. Sin embargo, Ontiveros calcula que entre venezolanos y retornados españoles la cifra asciende a 9.100, y en todo el mundo son más de 13.000 los pensionados y jubilados que tienen derecho a este cobro que el Gobierno venezolano desconoce desde enero de 2016.

Protestas, manifestaciones, cartas y solicitudes dirigidas en multitud de ocasiones a los consulados y la embajada de Venezuela en España no han valido para que el Gobierno venezolano asuma el impago. Lo único que han conseguido es que reconozca un "retraso", respuesta administrativa que también dificulta al Gobierno español gestionar ayudas humanitarias a este colectivo.

Sin efectivo

En el caso de los que se encuentran en Venezuela, el problema es el fraccionamiento y consecuente retraso en el pago de las pensiones y jubilaciones tras la implantación del nuevo cono monetario, amén de que el importe a cobrar tampoco cubre las necesidades básicas de este colectivo. Por tal razón, en los últimos días las personas de la tercera edad han sido los protagonistas de las protestas en el país.

El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, teme que el problema sea que el Banco Central no tiene el dinero "completo" para enviar a las taquillas de los bancos. El Gobierno aseguró que el dinero en efectivo del nuevo cono monetario estaría circulando a partir del 20 de agosto, pero en la práctica no ha sido así, obligando a los pensionados a hacer largas colas para obtenerlo, sin resultados.

Los 4,3 millones de jubilados y pensionados que viven en Venezuela, con el nuevo cambio, tendrían que recibir un total de 30 dólares mensuales a la tasa oficial de 60 bolívares, pero a día de hoy, el dinero ha llegado fraccionado a sus cuentas o simplemente no ha llegado, razón por la cual sus homólogos en España se solidarizan y animan a seguir denunciando la situación, hasta que los organismos nacionales e internacionales tomen cartas en el asunto.