La Corte Penal Internacional podría intervenir en la crisis venezolana
Activistas y expertos sobre la situación actual de Venezuela participaron en la primera sesión frente la Organización de los Estados Americanos (OEA) el pasado 14 de septiembre en Washington, donde el organismo comenzó a evaluar si el gobierno del país sudamericano es culpable de la comisión de crímenes de lesa humanidad, abriendo la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda intervenir.
La sesión fue dirigida por el asesor especial - ad honorem - del secretario general de la OEA, y antiguo fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, quien señaló que el proceso adelantado se lleva a cabo conforme a las normas, políticas y prácticas del Estatuto de Roma y la CPI.
Entre los participantes a esta primera sesión estuvo presente el coordinador internacional de Foro Penal Venezolano, Julio Henríquez, quien destacó que actualmente hay 566 presos políticos en el país "que obedece a una política que pretende neutralizar sistemáticamente a quienes resultan políticamente inconvenientes para el gobierno". Indicó que de 116 homicidios en el 2017, 97 habían sucedido desde el 1 de abril bajo el marco de las protestas "obedeciendo a un plan de ataque contra quienes se oponen al gobierno y no como resultado del uso excesivo de la fuerza como las autoridades oficiales lo pretenden justificar".
Henríquez destacó la falta de voluntad real por parte del Estado venezolano para hacer justicia, y los mecanismos de intimidación que existen hacia los jueces, señalando como hito el caso de la jueza María Lourdes Afiuni – quien en el 2009 fue encarcelada y abusada sexualmente – y hoy permanece bajo arresto domiciliario.
La declaración de Henríquez fue seguida por la de Tarama Suju, directora ejecutiva del Centro de Estudios Latinoamericanos (CASLA), quien destacó el tema de las torturas por parte de los funcionarios de los órganos de seguridad del Estado dentro de los centros de detención.
"La tortura ha sido asumida como una política de Estado por parte del gobierno de Venezuela y se comprueba a través de centros de reclusión estructurados para inflingir torturas a víctimas determinadas. Dentro del patrón seguido por los órganos de seguridad se inflige tortura blanca a las víctimas de alto perfil y tortura física a los que no tienen un perfil tan elevado.Lo más grave que hemos observado durante los últimos cuatro meses es que la intencionalidad de la tortura es marcarlos física y psicológicamente de por vida" asegura Suju.
El activista y ex preso político Francisco Márquez, director ejecutivo del grupo Visión Democrática, y la activista Johanna Aguirre, viuda de Alejandro Márquez Fagundez, compartieron también declaraciones sobre sus experiencias como víctimas de los ataques y las violaciones que sistemáticamente han sido impulsadas por el gobierno de Venezuela contra la población.
Márquez tomó la oportunidad para hacer una denuncia oficial contra Carlos Calderón y Roni González, comisarios del SEBIN, a quienes señaló como agentes de tortura. Él mismo fue preso político por más de cuatro meses y asegura que "los oficiales tienen un incentivo de tortura que viene del ramo del ejecutivo.Es decir, el que más tortura, el que más reprime es premiado".
"Cuando se despidió de mí me dijo: Asegúrate de hablar muy mal de mí cuando salgas de la cárcel porque me va a ir bien con los de arriba" contó Márquez, refiriéndose al jefe de la cárcel" añadió Márquez.
Por su parte, Johanna Aguirre, testificó por ser la esposa de Alejandro Márquez Fagundez, quien luego de haber participado en una protesta en Caracas, fue detenido la noche del 19 de febrero y murió la noche del 23 de febrero de 2014 tras haber sido brutalmente golpeado en la cárcel por los funcionarios del Estado. Aguirre finalizó su intervención solicitando justicia para su familia, y agradeciendo a la OEA por permitirle dar su testimonio.
Durante las 3 horas de la sesión, venezolanos, representantes de organizaciones de derechos humanos y activistas manifestaron su apoyo al proceso inédito liderado por la OEA para la determinación de la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.