Miembros de la organización Expresión Libre entregaron, el 10 de gosto, sendas comunicaciones a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la República, exigiendo garantías de los derechos humanos de los periodistas y activistas de la democracia, Carlos Julio Rojas, Alberto Cabrera y Antonio Medina, detenidos y juzgados por delitos castrenses.

Junto a dirigentes estudiantiles de las escuelas de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Santa Rosa, Expresión Libre acudió a ambas instituciones para denunciar la injustificada privación de libertad y deplorables condiciones de reclusión en las que se encuentran los tres comunicadores detenidos.

La comunicación entregada tanto a la Fiscalía como a la Defensoría fue firmada por los periodistas Silvia Alegrett, Gregorio Salazar, Luis Zambrano, Marisela Alvarado y Juan Vicente Gómez. También firmaron el bachiller, José Camacho, representante estudiantil de la Escuela de Comunicación Social de la UCV y por los bachilleres, Rayber Alvarado y John Chanchamire, del Movimiento Estudiantil de la Universidad Católica Santa Rosa.

Sostienen que el periodista, luchador social y miembro de la directiva de la Asociación Civil Expresión Libre, Carlos Julio Rojas, ha participado activamente en la construcción de espacios democráticos desde que era estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, UCV, de la que formó parte de la directiva de su centro de estudiantes, y también de la Federación de Centros Universitarios (FCU).

“Es ampliamente conocido por su labor como coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas (Candelaria-San Bernardino-La Florida) y Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria, donde desde hace más de seis años se ha ocupado de los diversos problemas que aquejan a los vecinos de esa parroquia del centro de la capital. Se ha desempeñado como periodista radial y televisivo y ha laborado como asesor de comunicación del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (INAESIN). En cumplimiento de su labor periodística fue detenido en un sector de San Bernardino donde los ciudadanos hacían largas colas en busca de alimentos. Es innegable, público y notorio que Carlos Julio Rojas es un luchador y comunicador de alta sensibilidad social y que en tal sentido, siempre ha actuado por la vía pacífica. Es un militante de la paz y de la pluralidad democrática que nunca ha apelado a métodos violentos, jamás ha portado armas ni efectos militares y muchos menos, sustraídos a cuerpos de seguridad del Estado, por lo cual creemos en su afirmación de que no portaba ninguno de los efectos que ahora se utilizan como elementos indiciarios" reza el comunnicado.

La comunicación de Expresión Libre y de los líderes estudiantiles también sostiene que conocen de los tratos crueles a los que ha sido sometido el periodista, sin poder ingerir agua ni comida, amarrado y hacinado. “Diversas organizaciones gremiales y de derechos humanos han condenado ‘el secuestro y posterior privativa de libertad, ordenada por un tribunal militar con delitos forjados’ al que ha sido sometido Carlos Julio Rojas desde el pasado 6 de julio y han emplazado al gobierno para que deje en libertad al periodista y cese en su empeño por generar miedo en quienes son críticos, cuestionan su gestión y se asocian para generar cambios en el marco de la Constitución de la República”.

Periodistas zulianos deben ser liberados

Expresión Libre y los líderes universitarios también han solicitado la intervención de la Fiscalía y la Defensoría en los casos de los periodistas zulianos, Alberto Cabrera y Antonio Medina, ambos egresados de la Universidad Rafael Belloso Chacín. El primero se desempeñaba como reportero gráfico y diseñador del equipo de medios del partido Voluntad Popular, en el Zulia, y el segundo es community manager de la diputada de la Asamblea Nacional, Desiree Barboza.

“El día 26 de julio, ambos se encontraban en jornada de trabajo, junto a los dirigentes del partido Voluntad Popular, la diputada de la AN, Desiree Barboza y el concejal Ángel Machado y el resto del equipo para dar cobertura a las actividades pacíficas de protesta programadas para ese día. Se les pautó recorrer distintos puntos de la ciudad, fotografiar estos puntos para procesar toda la información en su respectiva nota de prensa y para las redes del partido y de los portavoces. Aproximadamente a las 9:30 am, al pasar por la avenida El Milagro, de Maracaibo, Estado Zulia, el equipo fue interceptado por una comisión de la Guardia Nacional. A los minutos llegó una comisión comandada por el Teniente Coronel Jerry Camacaro, quien sin mediar palabras ordenó la detención de todos los presentes, a pesar de haberse identificado oportunamente como comunicadores sociales, en cumplimiento de su labor profesional. Alberto Cabrera fue sometido por la fuerza, según quedó registrado en videos”.

Señala la comunicación, que por varias horas se desconoció su paradero hasta entrada la tarde, cuando se supo que los habían trasladado al Destacamento de Seguridad Urbana, DESUR, parte posterior del Destacamento 11, anterior CORE 3. Allí pernoctaron en una carpa abierta, sin instalaciones sanitarias, ni agua, sin permitírseles cambio de ropa ni aseo personal. La abogada de ambos pudo verlos ya entrada la noche.

El viernes 27 de julio fueron trasladados al Tribunal Militar del Zulia a las 10:00 am y aproximadamente a las 4:00 pm se dio inicio a la audiencia, que culminó pasadas las 11:00 pm. A las 3:00 am, para amanecer sábado, fueron trasladados en bus hacia San Cristóbal, inexplicable medida de alejamiento de su lugar de residencia que causa mayor sufrimiento, angustia y zozobra a sus familiares.

Refieren la ONG Expresión Libre y los dirigentes universitarios, que en este caso actuaron el Tribunal de Control N° 18, a cargo del teniente de navío, Ana Méndez y el fiscal militar 21, Manuel Guillermo Barrera, quien solicitó privativa de libertad.

“Los delitos que se le imputan son: Rebelión militar a pesar de su condición de civiles, ultraje al centinela y menosprecio a la Fuerza Armada. Además, aunque la orden de encarcelamiento indica como sitio de reclusión el PROCEMIL de Santa Ana, en Táchira, fueron trasladados con otros detenidos de ese mismo día al Centro Penitenciario de Occidente de Santa Ana”.

Garantías para periodista del estado Miranda

Los miembros de Expresión Libre y los dirigentes estudiantiles universitarios exigieron igualmente garantías para los derechos de la periodista, Oscaremys Bello, quien según ha denunciado la Seccional del Colegio Nacional de Periodistas del estado Miranda, fue objeto de una aprehensión “arbitraria e ilegal” por parte de funcionarios de la Guardia Nacional (GN), mientras se encontraba ejerciendo su labor profesional en la cobertura de una protesta de empleados de la Gobernación de Miranda, la mañana del lunes 7 de agosto, en la ciudad de Los Teques.

“Queremos reforzar dicha denuncia y destacar el hecho que la colega Bello no estaba cometiendo delito alguno al momento de su detención, sino cumpliendo con su misión de informar en pleno ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información de la sociedad venezolana, garantizado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra colega quedó recluida en el comando de la GNB del destacamento 55 que custodia el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) desde el 7 hasta el 9 de agosto, cuando el Tribunal 4 de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en funciones de Control le dictó libertad bajo régimen de presentación cada 30 días".

Los denuciantes acudieron a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo solicitando la pronta intervención de esos despachos, apelando, en primer lugar, al contenido del artículo 19 de la Constitución vigente, según el cual “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que lo desarrollan”.

Según los denunciantes hay un denominador común en los cuatro casos señalados y es la condición de periodistas, condición netamente profesional, que en vez de convertirse en garantía para que la conducta de las autoridades sea la del respeto a su ejercicio informativo, ha sido la causa real de su injustificable detención.