La Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España recibió, el pasado 1 de junio, a una comitiva de organizaciones no gubernamentales con el fin de recabar información sobre la situación de crisis política y económica que afecta en la actualidad a Venezuela. El equipo estuvo encabezado por Francisco Javier Sanabria Valderrama, Director General de Naciones Unidas y Derechos Humanos, y por José María Muriel Palomino, Embajador en Misión Especial para los Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.

La Asociación de periodistas venezolanos en España Venezuelan Press, Un Mundo sin Mordaza, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), el Foro Penal Venezolano, la Asociación Española Venezolana por la Democracia (Aseved) y la Liga Española Pro Derechos Humanos fueron las organizaciones responsables de presentar la cruda realidad de la violación reiterada y en aumento de los Derechos Humanos en Venezuela. Cada una en su área expuso la grave situación, no solamente en el marco de las protestas civiles que se han venido sucediendo desde el pasado 28 de marzo en las calles del país, sino en todo el proceso de la llamada Revolución Bolivariana liderada por el extinto Hugo Chávez desde que llegó a la presidencia del país, en febrero de 1999.

Venezuelan Press presentó los preocupantes datos que sostienen el deterioro de la libertad de expresión e información en Venezuela: 2.648 casos de violaciones a la libertad de prensa entre 2001 y 2016; 366 violaciones a la libertad de expresión en 2016, y la superación de las 200 en lo que se lleva acumulado de 2017; el centenar de agresiones a periodistas durante la cobertura de las protestas en las calles desde el pasado 28 de marzo, ya sea por impactos de bombas lacrimógenas u objetos contundentes, gas pimienta rociado por un funcionario policial o puñetazos, en ataques perpetrados por cuerpos de seguridad, grupos paramilitares, simpatizantes del gobierno y desconocidos; por último, las 17 detenciones arbitrarias de reporteros gráficos y corresponsales extranjeros, con una duración de entre 15 minutos y 16 días, bajo la acusación de ser terroristas, en el mencionado período.

Por su parte, Un Mundo sin Mordaza pidió apoyo para crear un camino que conduzca a la apertura de un canal humanitario. "El derecho a la vida y a la salud de los venezolanos debe prevalecer por encima de cualquier conficto político" señalaron.

En conjunto, las ONG presentaron su preocupación por la inminente convocatoria a elecciones de los 364 miembros que formarían parte de la Asamblea Nacional Constituyente, denunciando que este instrumento, cuya aplicación de por sí viola la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, tiene el verdadero objetivo de eliminar la Asamblea Nacional, hoy en mayoría de diputados de la oposición, y la institucionalización de nuevas formas que consoliden el sistema dictatorial que se ha venido imponiendo en Venezuela.

De cara a próximas conferencias y encuentros de Naciones Unidas, las seis asociaciones finalizaron la reunión manifestando su interés en que haya una posición más contundente por parte de este organismo para detener la situación de violencia y restituir tanto el orden democrático de Venezuela como los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Sanabria Valderrama afirmó las buenas intenciones del gobierno español en este sentido, demostradas -por ejemplo- recientemente en el Parlamento Europeo donde condenó "la violación continúa del orden constitucional de Venezuela", urgiendo al Estado venezolano a respetar la separación de poderes y la liberación de todos los presos políticos. Sin embargo, advirtió que en las Naciones Unidas el apoyo de acciones contundentes requiere de más participantes, asunto complicado por la multiplicidad de posiciones e intereses que existen.