El Consejo de la región italiana de Toscana aprobó una resolución en la que exhorta al Gobierno local a “evaluar las relaciones económicas y diplomáticas con el gobierno de Venezuela”. Consideran que tanto el gobierno regional como gobierno italiano deben ser “garantes de los derechos humanos y de las libertades individuales y colectivas en Venezuela, de la soberanía del Parlamento, democráticamente elegido por el pueblo venezolano el 6 de diciembre del 2015, y de la autonomía de la legislatura y los principios básicos de la democracia”. Se lee en el documento presentado por el partido Fratelli d’Italia y aprobado la unanimidad de votos de los 33 consejeros provinciales.

“Condenamos fuertemente el comportamiento del gobierno venezolano. No hacemos una declaración vaga, al contrario, pedimos que se evalúe la posibilidad de interrumpir cualquier relación económica e internacional hasta que no sea garantizada la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela”, indicó el consejero Giovanni Donzelli, redactor del documento y jefe del partido Fratelli d’ Italia a nivel regional.  

El consejero Donzelli destacó que, con esta resolución, “el gobierno regional y el gobierno italiano están obligados a fijar una posición sobre la situación en Venezuela”. También aseguró que hacen “un llamado de conciencia” a aquellos partidos políticos, como el “Movimiento 5 Stelle” que estaban intentando acercarse a Nicolás Maduro. Resaltó además que esta iniciativa debe multiplicarse en todo el mundo, para “dar una señal contundente en defensa de la vida y de la democracia de los venezolanos. Estamos con ustedes”, manifestó.  

“Ayuda humanitaria y fin a la persecución política”

La resolución Donzelli fue presentada el pasado 17  de febrero y no sólo exige una posición más enérgica al gobierno italiano sobre la situación en Venezuela, hace además un llamado de alerta sobre la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta no sólo a los venezolanos, sino también a la numerosa comunidad italiana que reside en el país (alrededor de 2 millones de personas según algunas estimaciones que incluyen a los descendientes que no poseen la nacionalidad).

El documento alerta sobre la necesidad de que sean activadas acciones urgentes a través de los organismos internacionales para el envío de ayuda humanitaria (alimento y medicinas) y condena enérgicamente “la persecución política y la represión de la oposición democrática en Venezuela, la violación de la libertad de expresión y de manifestación”. Importante resaltar que los Consejeros regionales piden la “inmediata liberación de todos los presos políticos”, haciendo mención especial al Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien ya tiene dos años privado de libertad, sin ni siquiera una sentencia que lo justifique.  

En este sentido, Vanessa Ledezma, hija mayor del Alcalde de Caracas, aprovechó la ocasión para agradecer a la junta provincial, en especial al consejero Giovanni Donzelli, por la aprobación de esta resolución.

“Esperamos de corazón que todas estas acciones sean llevadas a cabo, que no se queden en palabras. Venezuela necesita solidaridad, pero no sólo con palabras, también acciones contundentes que nos ayuden a salir de esta dictadura”.

Italo-venezolanos continúan en pie de lucha

Esta nueva resolución aprobada el pasado 29 de marzo en el Consejo de la región Toscana, es el resultado del trabajo de denuncia que desde hace algunos meses viene realizando la comunidad italo-venezolana residente en Italia, representada por Milos Alcalay (ex embajador de Venezuela ante la ONU), Vanessa Ledezma (hija del Alcalde de Caracas), la periodista Marinellys Tremamunno, Salvador Mendoza y Leonardo Lombardo, quienes el pasado mes de enero entregaron a diversas autoridades italianas un documento en donde explican en detalle la situación del país y piden acciones de solidaridad con el pueblo venezolano.

El resultado ha sido la resolución presentada por el senador Pier Ferdinando Casini y aprobada en el Senado italiano el pasado 24 de enero, y la resolución presentada a la Cámara de Diputados por el dip. Fabrizio Cicchitro y aprobada el 31 de enero. Ahora la comunidad italo-venezolana espera una acción más enérgica y protagónica de parte del gobierno de Italia en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.