A través de un comunicado de Expresión Libre, suscrito por su coordinadora, Silvia Alegrett, la ONG expresa su profunda alarma y preocupación por la decisión de la juez 36 de Control, Elsa Aragoza, de imputar por presunta instigación a delinquir al periodista y luchador social Carlos Julio Rojas, quien fue detenido el 10 de enero de 2015 cuando realizaba la cobertura de protestas ciudadanas por falta de comida en la zona de El Paraíso.

El día que fue detenido, Rojas se encontraba realizando un trabajo periodístico para el canal por internet VerTV. Fue encañonado con una pistola en el pecho por un efectivo de la Guardia Nacional y al identificarse como periodista la respuesta fue:

“¡Maldito periodista, si corres te mato!”.

Posteriormente fue llevado a una comisaría de San Bernardino, donde se presentó el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, quien hizo que le solicitaran su carnet del CNP. Rojas, que se encontraba hacinado en un pequeño calabozo con más de diez detenidos, envió su credencial. Villegas se retiró del lugar y el colega quedó detenido. Allí permaneció durante cuatro días, tras lo cual quedó en libertad condicional con presentación cada 30 días.

El día antes de su detención, 9 de enero del 2015, en su condición de ciudadano y luchador social del norte de Caracas, Rojas había participado de una protesta frente al Unicasa de la zona de La Candelaria. Esa es la razón por la cual Rojas se siente perseguido tanto por su labor de luchador social como por el ejercicio profesional del periodismo, pues el tribunal no lo aclara.

El juicio permaneció paralizado durante un año y fue reactivado tras un incidente en el cual Rojas fue golpeado junto con Jesús “Chúo” Torrealba, coordinador de la MUD, durante una denuncia por apagones. En seis oportunidades las audiencias fueron diferidas.

La Fiscal 151 del área metropolitana de Caracas, Aracelis Navas, desestimó todas las argumentaciones del abogado Carlos Calderón, y este 22 de febrero solicitó la apertura del proceso por “instigación a delinquir”, lo cual fue aceptado por la juez Elsa Aragoza, del tribunal 36 de control para delitos por terrorismo. Quedó sometido a presentación cada 60 días. Otros cinco ciudadanos recibieron la misma medida.

Al solidarizarnos con el colega Carlos Julio Rojas, Expresión Libre alerta a la opinión pública sobre la marcada tendencia de criminalizar tanto el ejercicio del periodismo como la protesta social, "algo que se evidencia en las acciones del gobierno nacional con el claro objetivo de intimidar a los venezolanos, hoy agobiados por la tremenda crisis social que vive Venezuela en todos los ámbitos".

"Se trata de coartar e impedir la labor de los comunicadores sociales que en cumplimiento de su deber profesional reseñan estos hechos. Ya se cuentan por decenas los casos de reporteros golpeados, vejados o detenidos por darle cobertura a este tipo de manifestaciones, lo cual es desde todo punto inaceptable y condenable en una sociedad democrática" concluye el comunicado.