La diputada y vicepresidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Olivia Lozano, condenó “por antidemocrática, inconstitucional y violatoria del derecho a la libertad de expresión” la realidad hostil hacia los medios de comunicación social nacional e internacional, embestida por el Gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de imponer una hegemonía comunicacional y usar la censura para ocultar sus ineficiencias.

Además de eliminar las transmisiones por cable del canal internacional de noticias CNN en Español, NTN24 y TV Azteca, Lozano deploró las reiteradas agresiones y detenciones a periodistas en lo que va de año junto a la deportación de los corresponsales extranjeros; así como la prevista acción de CONATEL contra las redes sociales, “único espacio informativo libre que tienen los venezolanos”.

Destacó que las investigaciones, multas, cierres, incautaciones de equipos y medidas de censura en los medios tradicionales, y en las plataformas digitales; así como el acoso o presidio contra los comunicadores escaló durante la gestión de Maduro; quien ha recurrido a una variedad de tácticas para restringir la labor de las comunicaciones independientes.

“El gobierno de Venezuela usa como brazo represor a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MINCI), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y ahora al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME). Los incidentes suceden cuando hacen periodismo de investigación o dan cobertura a algún acto de la oposición política en momentos en que el gobierno enfrenta creciente malestar ante la escasez generalizada de alimentos y una tasa de inflación que alcanza los tres dígitos”.

Señala la diputada que “el ejercicio del periodismo es un acto de resistencia en tiempos de represión y censura en Venezuela. Es admirable quienes hacen lo posible por cumplir su labor independiente e informan verazmente desde cada periódico, web, radio o televisión en el país en este momento, cuando el otorgamiento de concesiones a medios se hace bajo discreción a capitales rojos para evitar transmitir o publicar lo que no les conviene”, señaló.

Cifras de violaciones a la libertad de expresión

Conforme a las cifras del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) y la organización no gubernamental Espacio Público, al menos un comunicador es agredido diariamente en Venezuela, 70% de las emisoras de radio y televisión están sin concesión, más de 15 medios impresos han dejado de circular por la discriminación en la entrega de divisas para la adquisición del papel periódico y 1060 sitios han sido bloqueados en Internet por requerimiento de otras autoridades, sin especificar mayores motivos.

En los últimos años al menos 88% de las 56 decisiones sobre casos de violaciones a la libertad de expresión han sido tomadas por directores de CONATEL, que ha tenido una militancia activa en el Partido Socialista Unido de Venezuela indica el IPYS, “las ventanas para la denuncia y la crítica fueron desapareciendo por las órdenes estatales hasta lograr establecer un sistema atemorizado y cauteloso, que esquiva las coberturas noticiosas y de interés público, para evitar sanciones por el ente regulador”.