El gobierno venezolano viola el Derecho a la Seguridad Social de sus pensionados en el exterior
Dos furgones antidisturbios, ocho agentes de la Policía Nacional, una trintena de jubilados venezolanos en Madrid y una Cónsul general que deja sus funciones este mes. Ese fue el panorama frente al Consulado de Venezuela en Madrid el viernes 13 de enero, luego de que la Asociación de pensionados y jubilados venezolanos en Madrid ASOPEJUVECMA convocara una manifestación para solicitar el pago de sus pensiones, paralizado desde hace un año por el gobierno venezolano en clara violación del Derecho Internacional a la Seguridad Social.
Poco se habla de él, pero el Derecho a la Seguridad Social está consagrado en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que es supranacional y de carácter universal, un derecho que el gobierno venezolano está violando desde enero de 2016, ante la mirada indiferente de la comunidad internacional. Lo hace cuando no satisface el pago de las pensiones y jubilaciones de sus nacionales en el exterior, indispensable para el sostenimiento en condiciones de dignidad humana, y cuando se niega a reconocerlo oficialmente, dejando en completa indefensión a los afectados, que no tienen cómo demostrarlo más que con sus cuentas bancarias vacías.
Pero este "detalle" fue el que pasó por alto la todavía Cónsul General de Venezuela en Madrid, Ginette de las Nieves González Latorraca, cuando le dijo a los manifestantes que "a cierta edad siempre se fallece", luego de que le explicaran que este año había fallecido un pensionado venezolano en España, cuya familia tuvo que hacer una colecta para enterrarlo.
-¿Pero no tenía Seguridad Social? preguntó la Cónsul.
Y no, claro que no la tenía, de España por no ser español, ni de Venezuela porque su gobierno le violó este derecho.
Un brindis al sol
Pedro Ontiveros, en nombre de los más de 200 asociados de ASOPEJUVECMA, hizo entrega a la Cónsul de un documento, explicando la grave situación de este colectivo. "Le pedimos que interceda ante las autoridades pertinentes a objeto de que nos den una respuesta oficial sobre el pago de las pensiones y jubilaciones indebidamente suspendidas desde hace un año" rezaba el comunicado, que la funcionaria recibió y dijo que haría llegar a sus superiores.
Ginette González hizo lo que en España se conoce como "un brindis al sol", o lo que es lo mismo, una promesa que de antemano sabemos que no vamos a cumplir. Pidió cifras, hizo recomendaciones, dijo que un día quiso "ir a ver a los cuarenta pensionados que dicen están viviendo en un albergue, pero no tuve tiempo", escuchó, contó algunas anécdotas personales y aclaró:
"Estoy de salida, en cualquier momento firmo y me mandan a otro lugar, lo que no sé es a dónde, ya saben cómo son estas cosas".
Y con estas palabras, un abrigo de invierno blanco y negro, unas gafas incombinables, el bueno humor de quien sabe que ya se va y la profunda mirada del ser humano cuyo corazón quiere entender razones pero no puede hacer absolutamente nada, se dirigió a su oficina con el presidente de la Asociación para sellar el documento y acusar recibo del mismo, mientras los más de treinta pensionados que afuera pasaban frío y quién sabe, hambre, hablaban de sus tragedias personales, una más dolorosa que la otra.
"Se me acabaron mis ahorros y estoy endeudado con el banco. Si no recibo mi pensión en breve, no sé qué voy a hacer este 2017" escuché yo misma mientras me retiraba.
¿Cuándo vuelven a manifestarse?
El sábado 4 de febrero de 11:00 a 14:30 horas, los pensionados y jubilados venezolanos en España repetirán la acción en la céntrica Plaza de Sol, en Madrid. Estiman la asistencia de un centenar de personas, entre jubilados, familiares y amigos sensibilizados por la situación.
Para esa fecha, es posible que Ginette González ya no presida el Consulado de Venezuela en Madrid, lo que sí es seguro es que los pensionados venezolanos alzarán la voz para que todo el mundo los oiga, como única herramienta en un intento desesperado por recuperar su derecho perdido, el internacional e inviolable Derecho a la Seguridad Social.